Vista general del pleno del Congreso peruano, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

El partido marxista Perú Libre presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público y reorganizar esa entidad, lo que supone suspender al fiscal general y a los fiscales supremos.

El proyecto fue presentado por el diputado Segundo Toribio Montalvo, en una línea muy similar de la que inicialmente planteó y no concretó el congresista Jorge Montoya, del ultraconservador partido Renovación Popular, según puede leerse en el documento del proyecto que fue publicado por medios locales.

«La presente ley tiene por objeto declarar en emergencia el Ministerio Público por el plazo que dure, suspendiéndose por ello las funciones del fiscal de la Nación (general) y de la Junta de Fiscales Supremos», reza el documento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de Margot Palacios, Waldemar Cerrón, María Agüero, Américo Gonza y Kelly Portalatino, todos integrantes de Perú Libre, el partido con el que Pedro Castillo (2021-2022) llegó a la Presidencia.

Juan Carlos Villena

El fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, rechazó el pasado jueves el proyecto de ley planteado, si bien nunca presentado formalmente, por Montoya, que también proponía declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, y lo consideró «abiertamente inconstitucional y arbitrario».

«Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia», afirmó Villena en un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público.

Acerca de ese primer proyecto, el fiscal general afirmó que este proyecto busca «quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos».

Ese proyecto también generó la respuesta de las juntas de fiscales provinciales a nivel nacional, que respaldó el pronunciamiento de Villena y rechazaron el proyecto que iba a ser presentado por Montoya.

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