Adís Abeba.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, se reunió hoy en Adís Abeba con los expresidentes Joaquim Chissano (Mozambique), Ellen Johnson-Sirleaf (Liberia) y Kgalema Motlanthe (Sudáfrica), enviados por la Unión Africana (UA) para mediar en la guerra con los rebeldes de la región septentrional de Tigray, con cuyos dirigentes rechazó el diálogo como vía de solución.

«El primer ministro Abiy expresó la responsabilidad por mandato constitucional del Gobierno federal de hacer cumplir con el Estado de derecho en la región y en el resto del país», indicó el Gobierno etíope en un comunicado.

«No hacerlo, fomentaría una sensación de impunidad con un coste devastador para la supervivencia del país», se indica en la nota, en la que se destaca que Abiy subrayó la urgencia de neutralizar «una agenda de desestabilización orquestada» por el grupo local Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) «desde hace más de dos años».

ETIOPÍA NO NEGOCIA CON TIGRAY

El único diálogo que contempla el mandatario es con «partidos políticos que operan legalmente en la región» y con representantes de la sociedad civil.

El primer ministro etíope, Premio Nobel de la Paz en 2019, agradeció el esfuerzo mediador de Chissano, Johnson-Sirleaf y Motlanthe y su deseo de una «Etiopía estable y próspera».

Por ahora, Abiy ha desoído los llamamientos internacionales a un cese o descenso de las hostilidades contra el FPLT, el partido que gobierna Tigray, región fronteriza con Eritrea y Sudán.

En público, los tres exmandatarios, que llegaron a Adís Abeba entre este miércoles y el jueves, no hicieron declaraciones y, a tenor del infructuoso resultado de la reunión, nada apunta a que puedan viajar a Tigray a entrevistarse con los líderes del grupo rebelde.

El Ejecutivo etíope ya negó el pasado día 21 cualquier intento de «mediar entre el Gobierno federal y el elemento criminal del FPLT».

Preguntada por los próximos pasos de los tres enviados especiales, una fuente de la UA dijo hoy a Efe que no podía divulgar «información en esta fase crítica del trabajo» de los mediadores.

Fuentes de la Comisión Etíope de Derechos Humanos (CEDH) confirmaron a Efe que Chissano, Johnson-Sirleaf y Motlanthe solicitaron una reunión con esa institución independiente.

Los mediadores, que se espera que aún pasen varios días en Etiopía, quieren abordar con la CEDH su reciente informe sobre una masacre de al menos 600 civiles perpetrada el pasado día 9 en la localidad tigriña de Maikadra por milicias leales al FPLT.

Etiopía ordenó ayer el ataque «final» para lograr la toma de la ciudad de Mekele, de casi medio millón de habitantes y capital de Tigray.

MÁS DE 43.000 REFUGIADOS EN SUDÁN

Desde el pasado día 4, cuando Abiy ordenó la ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque de fuerzas tigriñas a una base de Ejército federal en la región, cientos de personas han muerto y más de 43.000 etíopes han escapado al vecino Sudán.

El responsable de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, llegó hoy a Sudán para conocer las condiciones de los refugiados etíopes y abordar esta crisis humanitaria.

En su reunión con los mediadores, Abiy reiteró hoy su compromiso para proteger a la población civil, habilitar cuatro campamentos para desplazados y facilitar el acceso de ayuda humanitaria tras semanas de bloqueo en la región.

La apertura de un «corredor humanitario» debería ser el «primer paso no sólo para permitir la ayuda, sino, a través de la presencia de las agencias de la ONU y las organizaciones, para impulsar procesos de pacificación en los territorios», declaró a Efe el director de la ONG Ayuda en Acción en Etiopía, Roberto Giuliotto.

No obstante, precisó Giuliotto, Ayuda en Acción y otras ONG creen necesario un «acceso incondicional bajo los principios de imparcialidad, humanidad, independencia, neutralidad y universalidad».

«Hasta el momento, ningún acceso, aparte del de la Cruz Roja» estaba permitido», agregó.

A mediados de noviembre, un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) viajó al oeste de Tigray y el norte de la vecina región de Amhara.

«Hay alrededor de 2.000 personas viviendo en tres campamentos en las áreas que visitamos, pero creemos que hay muchas más en áreas a las que aún no hemos llegado», afirmó hoy en un informe el CICR.

«Ahora todos los ojos están puestos en Mekele», donde «sabemos que algunos hospitales ya se están quedando peligrosamente sin suministros», advirtió el CICR.

Además, el hecho de que el pasado día 14 varios cohetes lanzados por el FPLT cayeran en Asmara, capital de la vecina Eritrea, país aliado de Etiopía en el Cuerno de África, ha dado al conflicto una dimensión internacional que hace temer por una desestabilización de la región.

UN CONTENCIOSO QUE VIENE DE LEJOS

Aunque la contienda empezó el pasado día 4, el contencioso de Tigray viene de lejos.

Desde su refundación tras la caída del régimen comunista en 1991, Etiopía promueve una política de federalismo étnico, donde supuestamente todas las etnias tienen igual valor y representación.

Sin embargo, el FPLT -que representa al cinco por ciento de los 110 millones de habitantes de Etiopía- lideró desde entonces la coalición étnica que conformaba el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE).

Esa hegemonía duró hasta el nombramiento en 2018 de Abiy, un joven político de origen oromo, como primer ministro, quien quiso extirpar el etnicismo de la política refundando el FDRPE en el Partido de la Prosperidad (PP), del que se desvinculó el FPLT.

Tras retrasarse las elecciones generales, que debían tener lugar el pasado agosto, por la covid-19, el FPLT celebró en septiembre comicios parlamentarios regionales, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que busque restaurar en Tigray el «orden constitucional».

Asimismo, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce la autoridad del Ejecutivo federal.

 

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