Caracas.– Un tribunal venezolano ordenó este jueves prisión preventiva para cinco miembros de la ONG Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH y a la promoción de la salud sexual, luego de ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos, asociación para delinquir, informaron varias organizaciones civiles.

«El Tribunal 4º de Control del Zulia (noroeste) dictó medida preventiva privativa de libertad a los trabajadores humanitarios de Azul Positivo», dijo en Twitter la Comisión para los Derechos Humanos de ese estado en el que la ONG opera.

Explicó que la Fiscalía acusó a los integrantes de Azul Positivo por los delitos «de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos analógos, asociación para delinquir y legitimación de capitales».

La Comisión detalló que los cinco integrantes serán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia.

«Estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencias para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en (la municipalidad de) San Francisco, estado Zulia», agregó la asociación civil.

ALERTAN SOBRE AGRESIÓN AL ESPACIO HUMANITARIO

La organización también alertó sobre una «materialización de una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela» y pidió a las organizaciones internacionales que trabajan en el área en el país que se pronuncien ante la situación.

«El sistema humanitario internacional instalado en Venezuela debe hacer un pronunciamiento firme ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario», indicó.

Desde el pasado noviembre en Venezuela se han registrado allanamientos de ONG, entre ellas Alimenta la Solidaridad -que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela-, y Caracas Mi Convive -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas-.

En diciembre, la ONG Convite -enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas- también fue allanada por las autoridades venezolanas bajo la acusación «de delitos asociados al terrorismo».

EFE

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