El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este sábado un nuevo estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país debido a una «grave conmoción interna» provocada por las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel, las cuales, según el mandatario, «se han tornado violentas».
La decisión busca detener las acciones de protesta en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, así como su progresiva radicalización, con el fin de evitar una mayor afectación a la población ecuatoriana, según el decreto ejecutivo emitido durante la noche.
Noboa afirmó que durante estas «manifestaciones violentas» policías y militares han sido agredidos, llegando incluso a ser secuestrados y vejados en su integridad.
Esta nueva declaración se produce después de que la Corte Constitucional anulara el viernes el último estado de excepción, vigente en cinco de las siete provincias donde había sido decretado días atrás, en respuesta a las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país. Los jueces sólo mantuvieron la constitucionalidad de la medida en las provincias de Carchi, en la frontera con Colombia, y en Imbabura, considerada el epicentro de las manifestaciones.
Protesta y resistencia
Según el decreto, «se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia», configurando una alteración grave del orden público que sobrepasa las capacidades de control mediante medidas ordinarias.
Por este motivo, se suspendió el derecho a la libertad de reunión durante 24 horas en estas diez provincias, limitando la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el propósito de evitar la paralización de servicios públicos. No obstante, sí están permitidas las protestas pacíficas que no afecten los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía.
El presidente también ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacia las provincias afectadas para prevenir actos de violencia, proteger la vida e integridad física de las personas, y garantizar la libre circulación y el desarrollo de las actividades económicas.
Entre las justificaciones para esta medida, que estará vigente por 60 días, se mencionan recientes declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien advirtió que las protestas podrían radicalizarse hasta tomarse Quito si el Gobierno no atiende sus demandas.
Chimborazo
«Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando», señaló Vargas durante una reunión con comunidades de Chimborazo el viernes.
Vargas recordó que en 2019 y 2022 manifestaciones masivas, también lideradas por la Conaie, llegaron a la capital y forzaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir sus intentos de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles, medidas que buscaban cumplir con ajustes fiscales asociados a créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras trece días de protestas, se registra un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado 196 vulneraciones de derechos, presuntamente cometidas en su mayoría por las fuerzas de seguridad.
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