Bogotá.- La violencia política a seis meses de que se celebren elecciones presidenciales en Colombia ha dejado 79 víctimas, de las cuales 11 han sido asesinadas y el resto amenazadas, según reveló este jueves la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Estas nuevas cifras, publicadas en el segundo informe de Violencia Política y Electoral de esta organización que monitorea el ambiente electoral desde el 13 de marzo, cuando inició el calendario electoral, al 7 de octubre, suponen que cada semana hubo 3 víctimas de violencia política en el país.
En este periodo, Pares registró 62 hechos violentos, ocurridos sobre todo en junio y septiembre, en los que la mitad de las víctimas se concentran en los departamentos de Valle del Cauca (11), Norte del Santander (10), y Antioquia y Magdalena (6).
La mayoría de las víctimas fueron funcionarios públicos de elección popular (el 43 %), que incluye concejales (12), alcaldes (11), gobernadores (4), ediles (3), diputados (2), una representante a la Cámara y un senador.
Pares apunta a que «en esta etapa preelectoral, los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, hacen parte de las coaliciones Gobierno», y que son sujeto de 28 hechos de violencia con 32 víctimas, mientras que los de la oposición sufrieron 12 hechos con 16 afectados y los independientes 4 hechos con 4 víctimas.
La mayoría de estas amenazas u hostigamientos fueron hacia partidos alternativos emergentes, como la Alianza Verde, la izquierdista Colombia Humana o el indigenista Mais, y el tradicional Partido Liberal.
ALIANZAS CON GRUPOS CRIMINALES
Este tipo de violencia no está ligada solo a las dinámicas del conflicto armado en Colombia o a la criminalidad, sino que supone «dinámicas políticas clientelares y corruptas». «Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país», señala Pares en este nuevo informe.
La Fundación señala que hay mecanismos de corrupción que incluyen alianzas de clanes políticos con grupos al margen de la ley y explica que ha documentado la continuidad de la parapolítica o de fenómenos de corrupción que aumentan el clima violento en las campañas.
«A partir de estas dinámicas, que se mantienen constantes, los riesgos de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, así como de la violencia electoral, aumentan», apunta Pares en el informe.
Pares asegura que hay «prácticas lesivas para la democracia» que, en lo local, llevan a grupos armados ilegales a cooperar o convivir con instituciones del Estado para mantener el control territorial.
Sin embargo, en la mayoría de casos violentos no ha sido posible esclarecer qué grupo o estructura está detrás, y el 29 % que sí fue posible, los grupos de disidencias de las FARC y los grupos paramilitares o de autodefensas son los principales sospechosos.
Colombia celebrará el 13 de marzo de 2022 elecciones de Senado y Cámara de Representantes, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 29 de mayo y la segunda, en caso de ser necesaria, el 19 de junio.
Ante este escenario, desde Pares auguran que los meses de enero y febrero, «como viene siendo tradicional», sean los más violentos.
EFE
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