
El candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció este martes, sin aportar pruebas materiales, la existencia de un «fraude en desarrollo» en la segunda vuelta presidencial de Perú. Asimismo, anticipó que no reconocerá como mandataria a su rival de derecha, Keiko Fujimori, quien actualmente lo aventaja en el cómputo oficial de votos.
En rueda de prensa, el líder del partido Juntos por el Perú —fuerza que se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo— solicitó la anulación de la votación en el exterior. Sánchez argumentó que se vulneró la normativa electoral al modificarse el mecanismo de custodia y traslado de los sufragios hacia Lima, un cambio que, según él, revirtió los resultados que originalmente lo favorecían en el territorio nacional.
Con el escrutinio al 99,71 %, Fujimori lidera con el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, lo que representa una estrecha diferencia de 40.468 sufragios. Sin embargo, si se excluye el voto en el extranjero, las posiciones se invierten: Sánchez obtendría el 50,11 % de la votación interna, superando a Fujimori por 40.925 votos.
Cuestionamiento al voto en el exterior
Sánchez sostiene que el proceso se afectó «gravemente» al exonerar a los consulados de remitir los resultados de forma digital. En su lugar, a petición de la Cancillería liderada por Carlos Pareja —a quien la izquierda vincula con el fujimorismo—, las actas físicas debieron ser enviadas directamente a Lima para su escrutinio. El candidato denunció que este traslado se realizó presuntamente sin las garantías necesarias para evitar manipulaciones.
«En esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori. Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo», aseveró el aspirante presidencial.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni Sánchez ni su partido impugnaron esta disposición logística cuando fue informada oficialmente semanas antes de la elección. De igual forma, ninguna de las misiones de observación electoral internacional ha reportado irregularidades o sospechas de fraude en torno a este procedimiento.
Ultimátum al organismo electoral y acciones legales
El candidato advirtió que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no frena el cómputo actual, «el fraude se habrá consumado». Ante este panorama, anunció que no reconocerá al eventual gobierno de Fujimori y convocó a sus simpatizantes a movilizarse en las calles «para defender la democracia». Al ser consultado por las pruebas que respaldan sus afirmaciones, Sánchez se limitó a señalar que la propia orden de no transmitir digitalmente las actas constituye «la prueba evidente y fáctica».
En paralelo, la bancada de Juntos por el Perú presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, solicitando su inhabilitación por diez años y su procesamiento civil por presuntos delitos contra la voluntad popular. Por su parte, el ministro rechazó tajantemente las acusaciones y remarcó que la Cancillería solo cumplió con funciones logísticas y consulares en estricta coordinación con los organismos electorales autónomos.
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