El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este domingo que su administración no permitirá que «intereses narcoterroristas» destruyan el orden democrático del país. El pronunciamiento surge como respuesta directa al mensaje público emitido por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien expresó el respaldo irrestricto de la Casa Blanca frente a los sectores de oposición que exigen la renuncia del mandatario.
El jefe del Pentágono advirtió a través de la red social X que el Departamento de Guerra y la Coalición Contra el Cartel de las Américas (A3C) rechazan de manera contundente cualquier intento de derrocar al gobierno legítimo boliviano, asegurando que la comunidad internacional se mantiene observando el desarrollo de los acontecimientos. Ante esto, Paz replicó que la nación defiende su estabilidad mediante las instituciones y el diálogo formal con la ciudadanía.
Bloqueos de carreteras y colapso sanitario
Las movilizaciones y bloqueos de vías generales de comunicación se mantienen de forma ininterrumpida desde el pasado 6 de mayo. Las protestas son impulsadas por organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y bases leales al expresidente Evo Morales, quienes mantienen como demanda exclusiva e innegociable la dimisión del jefe de Estado.
En las últimas semanas, las trancas viales se extendieron a ocho de las nueve regiones del territorio boliviano. La paralización del transporte ha generado una severa escasez de alimentos básicos, combustibles y medicamentos. La situación más crítica se registra en los centros de salud debido al desabastecimiento crónico de oxígeno medicinal. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la crisis ya se ha cobrado la vida de siete personas por falta de atención médica oportuna a causa de los cercos, y otras tres han perecido en el contexto de enfrentamientos civiles.
Evaluación del estado de excepción constitucional
La crisis política se desarrolla de forma paralela a la reciente sanción de una ley en el Parlamento que reglamenta de forma estricta los estados de excepción. Esta normativa faculta la intervención directa de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público bajo escenarios de «conmoción interna», específicamente cuando las capacidades de la Policía Nacional se vean rebasadas.
Aunque la legislación ya fue aprobada por el Poder Legislativo, el presidente Paz todavía debe definir si promulgará la medida y si dictará o no el estado de contingencia militarizado, un decreto que, según los parámetros establecidos en la Constitución Política del Estado, requerirá una validación posterior por parte de las cámaras legislativas.
Señalamientos contra Evo Morales y desacato judicial
En un intento por desactivar las protestas, el jefe de Estado convocó a los dirigentes campesinos y obreros a entablar mesas de negociación, instándolos a no dejarse instrumentar por el expresidente Evo Morales. Paz responsabilizó de manera directa al exmandatario de financiar los bloqueos utilizando recursos de procedencia ilícita ligados a actividades de narcotráfico.
De acuerdo con el Ejecutivo, el propósito central de estas movilizaciones es eludir la acción de los tribunales de justicia. Morales enfrenta una acusación penal por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculada a una relación con una menor de edad en el año 2016. Sobre el exlíder sindical pesa una orden de aprehensión emitida a mediados de mayo por un tribunal de la región de Tarija, la cual no se ha ejecutado debido a que el político permanece atrincherado en la zona del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus simpatizantes.
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