Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela comenzaron un operativo este miércoles de fiscalización de centros de hospedaje para, explicaron, «garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente».
«Se realiza con el objetivo de inspeccionar los libros oficiales de registro de entrada y salida de los huéspedes, la verificación de los datos de los empleados a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), al igual que el estatus migratorio en caso de ser extranjeros», explicó la PNB en una publicación en X.
Asimismo, señaló que la inspección empezó en Caracas, al igual que en los estados Miranda y La Guaira, en el norte del país.
La PNB indicó que continúan trabajando «para detectar y combatir factores de riesgo para la seguridad ciudadana».
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 83 presos políticos extranjeros o con doble nacionalidad, según su último boletín publicado el pasado 28 de octubre.
La mayoría de ellos fueron detenidos luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
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