Caracas.- Venezuela vivió 16.739 protestas callejeras en 2019, lo que supone casi 46 diarias, el número más alto desde 2011, informó este viernes la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

OVCS señaló en su informe anual que las cifras del año pasado superaron las tres grandes olas de protestas de 2014, 2017 y 2018, y en concreto con respecto a este último año, las protestas aumentaron en más de 4.000.

Del total de manifestaciones de 2019, 6.310 se convocaron por «motivos políticos», 5.375 por «reclamos de servicios básicos» y 4.756 fueron protestas de trabajadores «para exigir mejoras salariales».

En el caso de las «demandas por derechos civiles y políticos», la ONG registró un aumento al pasar del 11 % del total de protestas en 2018 al 42 % en 2019, y puntualiza que fueron «exigencias por un cambio de rumbo político, salarios dignos, respeto a los contratos colectivos, acceso a las medicinas, a los alimentos y la garantía de mejores servicios públicos».

La forma más común de protesta fue mediante concentraciones, cierres de calle, paros y marchas en todo el país y según la ONG, «la calle se consolida como espacio popular, político y social para la exigencia de derechos», tanto en zonas rurales como urbanas.

En el informe destacan que las poblaciones indígenas de Venezuela «se sumaron con mayor actividad a las protestas».

Las regiones en las que se registraron más protestas fueron Miranda (centro) y Caracas, con 1.355 y 1.290 manifestaciones, respectivamente; además de los estados andinos de Mérida (1.255) y Táchira (1.128) y el estado amazónico de Bolívar (1.054).

El observatorio denunció que durante 2019 «la represión como política de Estado se recrudeció» con el «uso de grupos de exterminio para reprimir» que, asegura, están «conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y colectivos paramilitares».

Según el OVCS, durante este periodo se contabilizó «un saldo de 67 personas asesinadas durante las protestas» y además hacen la «denuncia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra dirigentes políticos y privados de libertad».

El informe también recoge que la «espiral de conflictividad» es muestra de «la profundización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela» y cree que «el principal problema de los venezolanos es la ausencia de democracia».

 
 

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