La Alianza Con Ellas presentó este miércoles, 05 de octubre, su informe «Ser Mujer en Venezuela: Diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria», una indagatoria que pone en relieve la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela.
Los datos del estudio fueron producto del esfuerzo conjunto de seis organizaciones de la sociedad civil: Centro para la Justicia y Paz (CEPAZ), Fundación de Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama), Prepara Familia, Uniandes Acción Popular, Unión Afirmativa de Venezuela y Acción Solidaria, bajo la denominación de «Alianza Con Ellas».
Los hallazgos del reporte develaron que 60 % de las mujeres venezolanas destinan casi todo el presupuesto familiar en alimentos; y una de las estrategias para reducir gastos generales era limitar lo que pagan por atención sanitaria.
En este sentido, un 44 % indicó que, en los últimos seis meses, no había recibido la atención médica necesaria, señalando entre otros causales: problemas de asequibilidad y servicios inoperativos.
Pese a ello, ocho de cada diez mujeres consideraron que la cantidad de alimentos que llevaban a sus hogares era deficiente (47.79 %) o muy escasa (33 %); y un 76 % aseguró que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición en la actualidad.
Asimismo, 94 % de las consultadas revelaron que recurren a comprar rubros más económicos, mientras que el 61 % apuntó como fuente de aprovisionamiento el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El informe no solo menciona la reducción de gastos de salud, sino que además aclara que el 55 % de las encuestadas gasta sus ahorros para asegurar las comidas diarias. 65 % reduce las porciones y 44 % disminuye la cantidad de comidas que se hacen al día «para que alcance».
También aluden a las compras a crédito, préstamos de dinero o de algún producto.
Pobreza menstrual
Por otro lado, 25 % de las mujeres encuestadas, es decir, una de cada cuatro, respondió que no cuentan nunca, o solo algunas veces, con toallas desechables sanitarias en su hogar.
El número es menor, a tres de cada cinco mujeres, cuando se refiere a toallas sanitarias reusables, tampones o copas menstruales.
De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), cuando las mujeres no cuentan con artículos para su higiene menstrual pierden días de colegio o trabajo, afectando su educación y profesión.
Por tanto, la deficiente higiene menstrual conlleva a mayores riesgos de infecciones o enfermedades, mismas que, de acuerdo con el informe «Ser Mujer en Venezuela», no resultan una prioridad para las venezolanas, cuya atención se centra en la canasta alimentaria.
Violencia de Género
La violencia contra las mujeres continua entre los primeros puestos como uno de los principales problemas en el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). En el informe se recordó que por cada hombre que fue víctima de violencia familiar física, simbólica y/o sexual hubo dos mujeres que sufrieron de estos abusos.
De hecho, el 7 % de las mujeres entrevistadas, en relación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aseguró haber sido víctima de violencia familiar en todos sus tipos. 87 % sufrió violencia psicológica, 59 % agresión física y 10 % abuso sexual.
En el caso de mujeres adultas, la mayoría (64 %) detalló que la violencia fue ejercida por parejas o ex parejas, y tan solo solo 31 % de las mujeres que refirieron ser víctimas reportaron o denunciaron lo ocurrido.
Los razonamientos explicados apuntaron a la disminución del nivel de gravedad, algunas consideraron que no eran actos graves; sin embargo, otras aseveraron tener miedo a represalias, desconfiar de las instituciones para procesar su denuncia o mencionaron que los servicios no fueron accesibles en sus casos.
Al respecto del último tópico, más de la mitad de las encuestadas manifestaron no encontrar o tener información sobre organizaciones o redes de apoyo.
En cambio, su preferencia fue apoyarse en ellas mismas (50 %), en amigos y vecinos (30 %) o en iglesias y organizaciones religiosas (8 %).
En tanto, casi la mitad de las mujeres LGBTI+ encuestadas expusieron haber sufrido algún tipo de episodio de abuso o violencia de terceros.
48 % de las mujeres lesbianas informaron haber sido violentadas o abusadas por un funcionario policial, mientras que 19 % de personas binarias ha sido objeto de abuso o violencia por parte de compañeros de trabajo.
Incluso, se registró que las mujeres LGBTI+ se abstienen más a la hora de denunciar.
Cifras actualizadas
Ante la ausencia de estadísticas públicas «por denegación de acceso a la información, altos subregistros de data oficial y censura del Estado a la investigación independiente», Alianza Con Ellas diseñó el informe a partir de datos aportado por organizaciones de la sociedad civil venezolana y los recabados en diagnósticos comunitarios, realizados en terreno a casi 6.500 hogares en 18 de los 24 estados del país.
Es así como, una de sus primeras propuestas o recomendaciones al finalizar el informe fue la publicación de datos oficiales, periódicos, auditables y desagregados por zonas geográficas, edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual sobre la situación de las mujeres en áreas como salud, alimentación, agua y saneamiento.
De igual manera, la coalición de organismos civiles exigió priorizar y supervisar la asignación de fondos a proyectos, cuyo objetivo o centro de interés sea beneficiar la atención de las venezolanas en el área de salud, en particular: prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto de condiciones de salud transmisibles y no transmisibles, como crónicas y de alto costo.
Asimismo, consideró necesario desarrollar políticas alimentarias inclusivas con un enfoque de género y de diversidad, con especial atención a mujeres embarazadas, niñas y adolescentes.
Pero el mayor énfasis se hizo en las exigencias para combatir la discriminación, violencia y estereotipos de género, en particular, a través del diseño de estrategias que promuevan el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia para la independencia económica de las mujeres; de esta manera, prevenir y mitigar los riesgos de la violencia basada en género.
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