La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este sábado que la soberanía del país permanece intacta y que «ningún gobierno extranjero» definirá el destino de la nación. Estas declaraciones surgen en un contexto de alta sensibilidad diplomática tras la entrega voluntaria a las autoridades de Estados Unidos de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa.
Durante un acto público en el estado de Yucatán, Sheinbaum defendió la continuidad de la «Cuarta Transformación», el proyecto iniciado por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Sin aludir directamente a la administración de Donald Trump, la mandataria fue enfática al declarar que factores externos no podrán «arrebatarle la transformación al pueblo de México».
Asimismo, envió un mensaje interno sobre la integridad del movimiento oficialista, advirtiendo que ninguna persona carente de honestidad puede buscar refugio bajo las siglas del Gobierno. «Nadie que no sea honrado puede esconderse bajo el halo de la transformación», sentenció.
El «Caso Sinaloa» y la presión de Washington
El discurso de la mandataria se produce poco después de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa respectivamente, se pusieran a disposición de la justicia estadounidense. Ambos están acusados de brindar protección a la facción de «Los Chapitos», perteneciente al Cartel de Sinaloa.
Ellos forman parte de una lista de diez funcionarios —que incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— señalados por EE. UU. de recibir presuntos sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico. Según reportes recientes, Mérida y Díaz estarían en conversaciones para actuar como testigos cooperantes, lo que podría comprometer a más figuras del entorno político mexicano.
Seguridad y diplomacia
Las entregas ocurrieron apenas horas después de una conversación telefónica entre Sheinbaum y Donald Trump, donde se abordaron temas críticos de seguridad y el combate al crimen organizado. Cabe recordar que el año pasado, Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera, lo que ha incrementado la presión sobre el Gobierno mexicano.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha fijado una postura oficial sobre la situación legal de los exfuncionarios en suelo estadounidense. Desde que surgieron las acusaciones en abril, la presidenta Sheinbaum ha mantenido que, hasta ahora, no se han presentado pruebas públicas contundentes que respalden la conspiración denunciada por Washington.
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