El fallecimiento de Víctor Quero Navas bajo custodia del Estado se ha convertido en el símbolo de las «deformaciones» del Poder Judicial venezolano. Así lo denunció Simón Calzadilla, secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), quien señaló que el caso evidencia una ruptura total en la cadena de responsabilidades entre las cárceles, los tribunales y la defensa pública.
Calzadilla calificó como inaceptable que la causa judicial de Quero Navas permaneciera abierta durante diez meses después de su muerte real. «Murió en prisión y sus carceleros no notificaron al tribunal, al defensor público ni a la Fiscalía», fustigó el dirigente. A su juicio, el hecho de que el sistema procesara el caso como si el detenido estuviera vivo demuestra el descontrol imperante en el sistema penitenciario y la falta de seguimiento de los órganos de justicia.
El calvario de la familia Navas
La tragedia ha cobrado una doble dimensión tras informarse el reciente fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre de la víctima. Durante 16 meses, la mujer denunció la desaparición de su hijo y enfrentó el silencio institucional hasta que, apenas el pasado 7 de mayo, el Ministerio del Servicio Penitenciario reconoció el deceso ocurrido en julio de 2025. Según la versión oficial, Quero Navas falleció en un hospital por insuficiencia respiratoria y tromboembolismo pulmonar tras sufrir una hemorragia digestiva.
Dudas sobre la investigación oficial
Aunque el Ministerio Público, bajo la dirección de Larry Davoe, anunció una investigación penal respaldada por el Parlamento, diversas organizaciones no gubernamentales y activistas han puesto en duda la imparcialidad del proceso. Las ONG exigen que la indagación sea independiente y cuente con acompañamiento internacional, dado que el Estado ocultó la información del fallecimiento durante casi un año a pesar de los reclamos constantes de los familiares.
Exigencia de un cambio estructural en el TSJ
Para el liderazgo del MPV, la solución de fondo pasa por la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Calzadilla instó al Parlamento a que la selección de los nuevos magistrados se realice en estricto apego a la Constitución. Este nombramiento es visto por la oposición como el primer paso indispensable para sanear un sistema donde los derechos de los privados de libertad son vulnerados sistemáticamente por la opacidad y la inacción de los entes responsables.
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