La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la apertura de una investigación formal en torno a la muerte bajo custodia estatal del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas. La medida responde a la confirmación de que el detenido falleció hace casi un año, periodo durante el cual sus familiares y diversas organizaciones denunciaron su desaparición forzada.
A través de un comunicado difundido por Prensa Presidencial, se informó que la mandataria ordenó una indagación detallada para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido. Para ello, solicitó la colaboración inmediata de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. El Ejecutivo se comprometió a informar al país sobre los resultados de las pesquisas y a ejecutar las acciones legales correspondientes una vez concluidas las averiguaciones.
Condolencias por Carmen Teresa Navas
El Gobierno también manifestó su pesar por el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre de Quero Navas, quien murió este domingo tras meses de gestiones infructuosas ante los entes del Estado para conocer el paradero de su hijo. La mandataria reconoció la perseverancia de la mujer, quien apenas el pasado viernes encabezó un acto religioso en Caracas para honrar la memoria de su hijo tras conocerse finalmente su deceso.
Diligencias penales y forenses
La Fiscalía General, bajo la conducción de Larry Davoe, comisionó a la Fiscalía 80 Nacional con competencia en Protección de Derechos Humanos para liderar el proceso. Según los informes del Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas —recluido en El Rodeo I desde enero de 2025— falleció en julio de ese mismo año tras ser trasladado a un hospital por una hemorragia digestiva y un cuadro febril. La causa oficial del deceso se registró como insuficiencia respiratoria y tromboembolismo pulmonar.
Cuestionamientos de la sociedad civil
Pese a los anuncios gubernamentales, diversas ONG y sectores de la oposición han cuestionado severamente que el Estado tardara diez meses en informar sobre el fallecimiento del preso político. Activistas y defensores de derechos humanos insisten en que la investigación no debe limitarse a las instituciones locales, sino que debe ser independiente y contar con asistencia internacional para garantizar la imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos.
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