La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) emitió este lunes un comunicado en el que aborda la crisis de derechos humanos en el país, tomando como eje la trágica muerte de Carmen Navas. Para la institución religiosa, este hecho no es un incidente aislado, sino una ventana a la precaria situación que enfrentan los ciudadanos encarcelados por razones políticas y el sufrimiento sistemático de su entorno familiar.
A través de sus canales oficiales, la CEV exhortó al Estado a proceder con la «plena liberación» de los presos políticos. La Iglesia sostiene que esta medida es un paso fundamental y urgente para reconstruir la convivencia y el anhelo de paz de los venezolanos. En su mensaje, los obispos enfatizaron que el sistema judicial debe ofrecer respuestas adecuadas a los reclamos de los familiares, cuya salud física y emocional se ve comprometida por la incertidumbre y el dolor.
El desenlace de una lucha incansable
Carmen Teresa Navas falleció este domingo, apenas días después de que el Gobierno reconociera formalmente la muerte de su hijo, Víctor Quero Navas, ocurrida bajo custodia estatal. Durante 16 meses, Navas lideró una campaña pública para conocer el paradero de su hijo, quien había sido reportado como desaparecido tras su ingreso al centro penitenciario El Rodeo I. En su última aparición pública, durante una misa en su honor, la mujer afirmó que solo la fe le permitió buscar a su hijo «hasta el final».
Opacidad en la custodia del Estado
El Ministerio del Servicio Penitenciario informó tardíamente que Quero Navas murió en julio de 2025 debido a complicaciones de salud, incluyendo una hemorragia digestiva y tromboembolismo pulmonar. El hecho de que el Estado informara sobre el deceso diez meses después de ocurrido ha generado una ola de indignación. Organizaciones políticas y de derechos humanos han calificado este retraso como una muestra de «crueldad institucional», denunciando que el silencio oficial destrozó la integridad de una familia que nunca dejó de exigir justicia.
Exigencia de investigaciones independientes
Aunque la Fiscalía ha anunciado el inicio de una investigación penal, diversos sectores de la sociedad civil y partidos de oposición mantienen sus reservas. Decenas de ONG han señalado que, ante la gravedad del caso y la previa omisión de información, es imperativo que las pesquisas cuenten con acompañamiento y peritaje internacional independiente. El objetivo es determinar las responsabilidades por la falta de atención médica oportuna y la ocultación de la muerte de un ciudadano que se encontraba bajo la responsabilidad directa de las autoridades carcelarias.
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