El registro nacional de desaparecidos en Ucrania reconoce al menos 59.490 casos de personas en paradero desconocido, muchos de ellos relacionados con el actual conflicto con Rusia, pero la información sobre estas desapariciones es insuficiente y las autoridades ucranianas deben aportar más datos, indicó este miércoles el comité de la ONU especializado en la cuestión.
Tras revisar la situación del país en su sesión del 23 al 24 de septiembre, el Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas lamentó la falta de claridad de los datos aportados por el Gobierno ucraniano, que señala que 48.138 de los casos registrados son «bajo circunstancias especiales».
El comité de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento de la convención internacional para la protección de los desaparecidos en vigor desde 2010, reconoció dificultades para diferenciar qué casos en el registro responden a desapariciones forzadas y cuáles a accidentes y otras circunstancias.
Los expertos del comité pidieron a Ucrania que ese registro incluya la fecha, contexto y circunstancias de las desapariciones y si en algunos casos las autoridades estuvieron implicadas de alguna forma.
Por otro lado, expresa preocupación por el hecho de que la ley marcial y los estados de emergencia regionales decretados en Ucrania tras la invasión rusa no incluyen provisiones legales que prohíban explícitamente las desapariciones forzadas.
El comité da la bienvenida a la creación de líneas de apoyo al Comisionado para las Personas Desaparecidas, pero urgió a que se aumente el rango de acción de esa institución y se amplíe también a las personas que no se consideran que hayan desaparecido «bajo circunstancias especiales», de las que los datos son todavía más escasos.
Hallazgo
Los registros oficiales indican el hallazgo de más de 6.500 cadáveres de personas desaparecidas (de los que sólo unas 4.000 han sido identificadas), aunque según el comité de la ONU no aportan información suficiente sobre los protocolos para la investigación de las «numerosas fosas comunes» encontradas en el país, ni sobre el tratamiento de los cuerpos hallados en ellas.
El informe recoge casos de detenciones secretas por parte de las autoridades ucranianas en el contexto del conflicto iniciado en 2022, muchas de ellas contra sospechosos de colaboración con las fuerzas rusas.
Muchas fueron llevadas a centros de detención no oficiales, incluidos los sótanos de las oficinas centrales del Departamento de Inteligencia en Kiev, indica el informe, que también señala detenciones arbitrarias tras la recuperación de territorios ocupados por Rusia en provincias como Járkov o Jersón.
El comité urge ante ello a que Ucrania «garantice que las personas privadas de libertad permanezcan detenidas únicamente en lugares oficialmente reconocidos y supervisados, durante todas las etapas de la detención».
El informe recuerda las denuncias sobre el traslado forzado a territorio ruso de numerosos niños ucranianos (19.546 según la plataforma Niños de la Guerra), entre ellos 1.940 considerados aún en paradero desconocido.
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