La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló este lunes una mesa de diálogo técnico con el objetivo de recomponer las relaciones laborales y abordar la crisis salarial que atraviesa el país. El encuentro se produce tras semanas de intensas protestas de líderes sindicales que exigen un ajuste al salario mínimo, el cual se mantiene en unos críticos 27 centavos de dólar mensuales, según la tasa oficial del Banco Central.
Durante una alocución transmitida por el canal estatal, Rodríguez enfatizó que, pese al nuevo escenario político, la realidad de las sanciones internacionales no ha desaparecido. «Venezuela no merece seguir bloqueada. Esta es una batalla que debemos ganar en unión nacional. Pido el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores para alcanzar soluciones sostenibles», manifestó la mandataria.
El sector privado pide reformas estructurales
Por su parte, Alejandro Disilvestro, representante de la Comisión Laboral de Fedecámaras, señaló que la recuperación del poder adquisitivo debe ir acompañada de una revisión profunda del marco legal. Disilvestro instó a no limitar el debate a artículos aislados, sino a adecuar la legislación laboral, tributaria y económica a los «nuevos desafíos mundiales».
Este planteamiento sugiere una posible revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en 2012 por el fallecido Hugo Chávez. La actual administración ya ha dado pasos en esta dirección de apertura económica al aprobar este año nuevas leyes de Hidrocarburos y Minas, las cuales sustituyeron normativas de la era chavista para facilitar la llegada de capitales extranjeros.
Expectativas para el 1 de mayo
En el marco de esta mesa de negociación, Rodríguez ratificó que el próximo 1 de mayo se anunciará un incremento en los ingresos de los trabajadores. No obstante, no aclaró si se tratará de un ajuste al salario mínimo legal —congelado desde marzo de 2022— o de un aumento en las bonificaciones estatales que carecen de incidencia en beneficios como vacaciones o prestaciones sociales.
Al respecto, la presidenta encargada confirmó que el ingreso mensual por bonos para empleados públicos fue elevado el pasado marzo de 160 a 190 dólares. Según explicó, este incremento fue posible gracias a recursos obtenidos por la reciente venta de fueloil, en medio de la flexibilización de la actividad petrolera y los acercamientos diplomáticos con Estados Unidos.
El éxito de esta mesa de diálogo será clave para desactivar la conflictividad social en un contexto donde los trabajadores exigen que sus ingresos recuperen el carácter salarial y se ajusten al costo real de la canasta básica.
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