Bladimir Martínez Ladera
Ciudad Guayana.-Las dos mujeres imputadas por la muerte de Ángela Aguirre, al parecer pagan por una “suite” en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
La denuncia la hizo la abogada Yamileth Carvajal junto a los otros querellantes, además, dijo que el sitio de reclusión para Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, es el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno, sin embargo, funcionarios del Cicpc, no acatan la orden del Tribunal Primero de Control en violencia de género.
Familiares y afectados por el feminicidio de Ángela advirtieron que protestarán frente a la sede, pedirán que el par de mujeres sea traslada al sitio de reclusión acordado por el tribunal de la causa.
Barreto y Nicieza, gozan de privilegios en este lugar, como los otros cinco sujetos presos por el asesinato de la adolescente.
Las víctimas dicen que sienten temor que “Los 7” sean liberados en horas nocturnas para que duerman plácidamente en sus casas y vayan a otros sitios.
También denunciaron que José Zorilla, Glauder Zorilla, Orlando Salazar, José Cedeño y Wilmer Díaz, andan por los pasillos del cuerpo judicial como que si estuvieran en sus casas.
Carvajal hizo un llamado al comisario general Douglas Rico, jefe del Cicpc, para que investigue esta irregularidad y exhortó al jefe de la REDIP, Lisandro Alfonso, para que haga cumplir la orden del tribunal.
Según, las mujeres en cuestión pagan vacuna para estar cómodas y protegidas. Los querellantes amenazan con radicar la causa en otro estado para evitar que ciertos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sigan abalando este tipo de fechorías.
Como recordarán, Ángela Aguirre, estudiante de cuarto año en el colegio adventista de Los Alacranes, en un viaje que hizo a la isla La Terecaya en la lancha de uno de los imputados, fue golpeada, violada y después obligada a morir ahogada, hecho por el cual siete personas son procesadas por feminicidio y otros delitos.
Irregularidades
Los vicios e irregularidades en el caso de Ángela Aguirre siguen ocurriendo de manera premeditada y con alevosía, desde un momento que aconteció la muerte de la menor. Antes de la presentación de “Los 7”, hubo un intento por cambiar resultados de medicina legal para favorecer a estas personas.
Abogados de las víctimas no permitieron que el hecho se consumara y recusaron a la fiscal del Ministerio Público, Emily Hernández.
Querellantes y las víctimas, siguen esperando por el fiscal superior del estado Bolívar y fiscalía general de la República, para que a dicha funcionaria se le abra un expediente administrativo y sea destituida del cargo.
Cuatro fiscales del Ministerio Público, un observador del Tribunal Supremo de Justicia y tres abogados acusadores privados actuaron en la presentación de “Los 7”, situación que evitó que los procesados quedaran en libertad como estaba previsto.
Ahora, abogados de las víctimas denuncian privilegios que gozan estos sujetos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, beneficios que según uno de los denunciantes, ocurren ante la mirada complaciente de los jefes de esta institución judicial.
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