Decenas de trabajadores y representantes gremiales se concentraron este miércoles frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuesta a una demanda introducida el pasado 2 de febrero contra el Estado venezolano. El recurso legal busca forzar un ajuste del salario mínimo, el cual permanece estancado desde marzo de 2022.
El abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, denunció que la Sala Constitucional ha ignorado los lapsos legales de cinco días para admitir o rechazar la causa. «Esperamos cuatro años (sin aumentos reales) y presentamos esta demanda, pero a pesar de ello, nada se ha dicho», afirmó el académico.
Un mandato constitucional ignorado
La petición se fundamenta en el artículo 91 de la Constitución, que obliga al Estado a ajustar el salario mínimo anualmente tomando como referencia el costo de la canasta básica. Apitz fue tajante al cuestionar la legitimidad del tribunal: «Tan ilegítimo es estar en la Presidencia sin los votos, como estar en este tribunal y no responderle a los justiciables».
Por su parte, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, señaló una contradicción entre la austeridad impuesta a los trabajadores y el crecimiento de la burocracia estatal.
La crítica: Afonso cuestionó la existencia de 34 ministerios y casi un centenar de altos cargos (viceministros) en el tren ejecutivo.
Ingresos petroleros: El vocero aseguró que el Estado percibe «ingresos extraordinarios sostenidos» tras la flexibilización de relaciones con EE. UU., fondos que, asegura, no se reflejan en el bolsillo del empleado público.
Realidad económica: 27 centavos de dólar
A día de hoy, el salario mínimo en Venezuela se ubica en 130 bolívares mensuales. Debido a la devaluación acumulada desde marzo de 2022 (cuando el monto representaba 30 dólares), la cifra equivale este miércoles a apenas 27 centavos de dólar según la tasa oficial.
Aunque el Ejecutivo complementa los ingresos con bonificaciones que alcanzan los 190 dólares, los gremios denuncian que esta política de «bonificación del salario» excluye los beneficios de ley, tales como:
Vacaciones y utilidades.
Prestaciones sociales por años de servicio.
Incidencia en el cálculo de pensiones y jubilaciones.
Expectativas ante el anuncio del 1 de mayo
La protesta ocurre pocos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, adelantara que el próximo 1 de mayo habrá un incremento «responsable». No obstante, la falta de detalles sobre si el aumento será al sueldo base o nuevamente en bonos mantiene en alerta a las organizaciones sindicales, que prometen intensificar las manifestaciones si no se garantiza la recuperación del poder adquisitivo.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
