San José.- Un tribunal arbitral internacional rechazó una indemnización de 400 millones de dólares que exigía a Costa Rica la empresa minera canadiense Infinito Gold por la cancelación de un proyecto de minería de oro a cielo abierto por irregularidades ambientales, informó este viernes el Gobierno.

La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, y fue planteada con base en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

El Gobierno costarricense informó en un comunicado que recibió la notificación del fallo que indica que » Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización».

Aunque no estableció una indemnización económica, el CIADI señaló que al tomar la decisión de prohibir la minería metálica a cielo abierto, Costa Rica «tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación».

«Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas», explica el fallo.

El CIADI agrega que «Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias».

Además, señalo que «es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente».

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, celebró en sus redes sociales que Costa Rica «no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd. por cancelarle la concesión del proyecto minero Crucitas».

«Costa Rica es y debe seguir siendo un país libre de minería a cielo abierto», manifestó el mandatario.

La Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, celebró que «el tribunal de arbitraje internacional reconoció que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente».

El Gobierno costarricense reafirmó que la legislación local y los tratados internacionales garantizan la seguridad jurídica para los inversionistas y la defensa de los intereses nacionales.

El caso se remonta al 2010 cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.

La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.

La Fiscalía costarricense abrió procesos judiciales contra el expresidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el supuestos delitos al otorgar una declaratoria de interés y conveniencia nacional el proyecto minero en el año 2008.

El expresidente Arias fue sobreseído por este caso en 2019.

 

EFE

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