Australia implementará a partir del 10 de diciembre una de las regulaciones más estrictas del mundo en materia de redes sociales, obligando a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y Twitch a eliminar a todos los usuarios menores de 16 años.
La medida, anunciada por la Comisión de Seguridad Electrónica, busca reforzar la protección de menores en entornos digitales y establece sanciones económicas severas para quienes incumplan, explica DW en Español.
Twitch, directamente afectada por los nuevos requisitos
El regulador australiano confirmó que Twitch, el gigante estadounidense del “streaming” en vivo, entra dentro de las plataformas que deberán aplicar la restricción. Aunque la empresa ya prohíbe el acceso a menores de 13 años, deberá ahora extender la verificación y eliminación de cuentas hasta los 16.
Twitch asegura que cerca del 70% de su audiencia tiene entre 18 y 34 años, pero no revela la proporción de menores de edad dentro de su comunidad global.
Originalmente concebida para transmisiones de videojuegos, la plataforma se ha expandido hacia contenidos de estilos de vida, música y conversaciones en vivo, lo que ha incrementado su alcance y la atención de los reguladores.
No todas las plataformas entran en la medida
Según la Comisión de Seguridad Electrónica, servicios como Pinterest, LegoPlay y WhatsApp quedarán fuera de los controles por no cumplir con los criterios establecidos.
Sin embargo, otras plataformas continúan bajo evaluación y podrían sumarse a la lista en los próximos meses, dependiendo de su nivel de interacción juvenil y características de seguridad.
Empresas tecnológicas cuestionan la normativa
Diversas compañías tecnológicas han criticado la legislación australiana, calificándola de “vaga”, “problemática” y “precipitada”. Argumentan que las exigencias podrían resultar difíciles de implementar de manera efectiva y que la normativa no aclara los mecanismos de verificación de edad ni los criterios para determinar el riesgo de cada plataforma.
Aun así, el gobierno insiste en que la protección de los menores debe ser prioritaria y que las empresas disponen del tiempo suficiente para adecuarse antes de que las sanciones comiencen a aplicarse.
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