Montevideo.- El Gobierno uruguayo anunció su primera medida económica: un ajuste tarifario. Apenas unos días después del comienzo de su gestión, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, apuntó medidas para mejorar la situación económica y, fundamentalmente, reducir el déficit fiscal que hoy está en torno al 5 % del producto interno bruto (PIB).
El Ejecutivo anunció un ajuste tarifario al alza de electricidad (10,5 %), agua (10,7 %) y telefonía (9,78 %), mientras que el valor de los combustibles se mantiene igual aunque se prevé un aumento posterior.
Además, se redujo de 4 a 2 % el descuento del impuesto al valor agregado (IVA) por compras con tarjeta de débito y se comprometió a ahorrar un 15 % en gastos de funcionamiento e inversiones.
La decisión fue criticada por la oposición del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay en los últimos 15 años, que acusa al Gobierno actual de engañar a la población durante la campaña electoral.
Por su parte, el oficialismo asegura que esta medida tuvo que llevarse adelante por la mala gestión del FA y por la decisión del Gobierno de Tabaré Vázquez de no aumentar tarifas en 2019.
La incertidumbre del coronavirus
El planeta se encuentra en un momento particular. La pandemia del COVID-19 ha provocado inestabilidad, preocupación, miles de contagiados en todo el mundo y cancelación de eventos, actividades deportivas y cualquier concentración masiva.
La enfermedad aún no ha llegado a Uruguay, pero las autoridades se preparan para que lo haga en breve.
En este sentido, la economista Gabriela Mordecki explica que quizá esta no es la mejor oportunidad por parte del Gobierno uruguayo para un ajuste tarifario de esta envergadura.
«La situación internacional está muy deteriorada con todo el tema del coronavirus, el impacto sobre el dólar, a lo que se le suma el petróleo, a pesar de que fue una fuerte caída. Hay mucha incertidumbre; entonces el impacto de las tarifas sobre la inflación y el gasto en general de las familias se va a afectar enormemente», señala.
Para la investigadora del Instituto de Economía de la Universidad de la República (Udelar), aunque estos aumentos estaban previstos porque ya el Gobierno lo había adelantado, quizá fueron «un poquito por encima» de lo esperado.
El coronavirus y su impacto internacional, sumado a la difícil situación regional, han generado en Uruguay un aumento del dólar que, en pocos días, pasó de 39 a 45 pesos y esto, según Mordecki, puede generar incertidumbre en la población.
«El ciudadano común está ‘shockeado’ con lo que está pasando, con el dólar sobre todo que es lo más visible y, en general, una fuerte suba del dólar en Uruguay se asocia a crisis», subraya.
Por ello, para la experta el hecho de ajustar las tarifas en este momento tan particular puede generar que «la gente se asuste más» y se contraiga el consumo.
«Desde el Gobierno debería actuarse en el sentido contrario, de generar calma, (…) ante una situación tan inesperada podrían haberlo postergado por lo menos para que se calme un poco la situación», apunta.
Al respecto, considera que se espera una inflación en torno al 10 % en los próximos meses y se deberá volver a analizar la estimación de crecimiento para el país en este año, debido a que probablemente sea menor a lo esperado.
«Un paquete así es recesivo, cae el gasto, aumentan los impuestos, aumentan los costos de tarifas e impactan sobre la inflación», acota.
Críticas y defensas
La central sindical uruguaya, el PIT-CNT, reaccionó a las medidas y emitió un comunicado en el que asegura que impactan «de forma directa» en el poder adquisitivo de los trabajadores.
«Estos anuncios, sumados a la escalada del precio del dólar registrada en los últimos días (…), constituyen un duro golpe al poder de compra de los salarios», enfatiza el escrito.
Para la central sindical, ya se ha afectado «el salario real, las jubilaciones» y otros ingresos fijos, generando así una «fuerte incertidumbre» en la economía tras la toma de posesión del Gobierno el 1 de marzo.
Desde un principio, el FA criticó duramente los anuncios de Lacalle Pou. Al respecto, el exministro de Economía y actual senador Danilo Astori acusó al Ejecutivo de «seguir en campaña electoral» y de querer desligarse responsabilidades por los ajustes tarifarios.
En declaraciones al área de comunicación del propio partido, Astori consideró que el Gobierno estimuló «conductas devaluatorias» de la moneda y aseguró que la reducción del beneficio del IVA se trata de un impuesto oculto.
El senador comunista Oscar Andrade también cuestionó seriamente los aumentos y opinó que el equipo de Lacalle Pou mintió a sus votantes.
«No fue tarifazo»
Por su parte, la actual ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, enfatizó que estas medidas no se enmarcan dentro de un «tarifazo» y quienes así lo consideran «carecen de fundamentos económicos».
En declaraciones al programa radiofónico En Perspectiva, la ministra argumentó que era «impensable» no adecuar las tarifas a la evolución de los costos desde los últimos aumentos.
«De ninguna manera es un tarifazo, cuando fue explicado claramente que estamos reflejando los costos y ni siquiera la totalidad de los costos. Los números están claros», apostilló.
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