Asociaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos denunciaron este miércoles que se hallan entre la espada y la pared por la adversidad migratoria que enfrentan en EEUU, que los sitúa al borde de la deportación a Venezuela, donde critican que serían fruto de una represión atroz.
«Estamos siendo perseguidos de lado y lado y no sabemos a dónde ir», dijo en una conferencia de prensa en Florida el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José A. Colina.
«No se puede llegar a Venezuela porque es un país hostil, pero tampoco se puede quedar en los Estados Unidos porque le están quitando todas las protecciones que tiene para poder permanecer», agregó, en referencia a las consultas que recibe su organización de parte de migrantes que desconocen cómo actuar.
En el fondo se encuentra la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) de unos 350.000 migrantes venezolanos decretado por el Gobierno de Donald Trump, y que recibió en mayo el fallo favorable del Tribunal Supremo.
Según Colina, quien estuvo acompañado por otros líderes comunitarios y activistas, la solución se encuentra en buscar una protección migratoria o en la aprobación de la iniciativa Venezuela TPS Act of 2025, presentada el pasado 9 de mayo en el Congreso, con el objetivo de proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos.
Y es que a la retirada del TPS se sumó la semana pasada el cese del llamado «parole humanitario», un permiso temporal humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que retiró la protección legal concedida por la Administración de Joe Biden (2021-2025) a 532.000 migrantes.
Ambas medidas del nuevo Gobierno están dirigidas, agregó el activista, a forzar a los venezolanos «a que se autodeporten» a Venezuela, donde los líderes comunitarios indicaron que persiste un clima de represión y tortura.
Respetar el principio de no devolución
En un comunicado conjunto leído por la presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), Helene Villalonga, las asociaciones exigieron a las autoridades de Estados Unidos «respetar el principio de no devolución» y proteger a las familias venezolanas.
Villalonga dijo que en 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (Acnur) reconoció oficialmente a Venezuela como «una nación donde se viola sistemáticamente los derechos humanos», lo que indicó que establece que «los venezolanos se convierten en personas refugiadas y no removibles».
«Exigimos una respuesta humana, legal y responsable. La migración forzada venezolana no puede tratarse con indiferencia ni medidas punitivas. Lo que está en juego son vidas», añadió.
En este sentido, los activistas lamentaron el doble juego de la Administración Trump, recordando que los llamados a la calma que el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo a la comunidad venezolana no se habían materializado.
«Una cosa es lo que se dice para la comunidad y otra la que se hace dentro del Gobierno con respecto a esa comunidad», cuestionó Colina.
Para ejemplificar la represión que denuncian que se vive en Venezuela, los líderes comunitarios se refirieron a ataques del régimen a las ONG Provea o Foro Penal, así como el arresto de activistas.
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