Venezuela asistirá a la CIJ por el Esequibo pero aclara que no acatará su jurisdicción

Venezuela confirmó este sábado su participación en las próximas audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), programadas para el 4 de mayo, en el marco de la histórica disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo. No obstante, el Gobierno enfatizó que esta asistencia es de carácter informativo y no vinculante.

A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez aclaró que la comparecencia ante el tribunal de La Haya tiene como objetivo exclusivo «mostrar ante el mundo la verdad» sobre sus títulos históricos. Venezuela subrayó que este acto no implica, bajo ningún concepto, el consentimiento o el reconocimiento de la autoridad de la CIJ ni de cualquier sentencia que esta pueda emitir sobre el caso.

Cuestionamiento al proceso de Guyana

Caracas calificó el proceso judicial como una acción «incoada unilateralmente» por Guyana, nación que administra actualmente los 160.000 kilómetros cuadrados del territorio en disputa. Para Venezuela, la intervención de la CIJ ignora la tradición diplomática de la controversia y desestima la postura histórica del país andino, que cuestiona la autoridad del tribunal desde que Georgetown presentó el caso en 2018.

El Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido

El Ejecutivo nacional insistió en que la «única solución posible» reside en el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966. Según el comunicado, este tratado internacional representa el único marco normativo vigente para alcanzar un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes. Venezuela sostiene que el cumplimiento de este acuerdo, «de buena fe», es la vía legal para poner fin a la controversia mediante el diálogo directo.

Raíces históricas de la controversia

La disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, el cual otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, y que Venezuela declaró «nulo e írrito» en 1962 por considerarlo producto de un fraude diplomático. Por el contrario, Guyana busca que la CIJ valide legalmente dicho laudo de 1899 para fijar de manera definitiva la frontera entre ambos estados, en una zona estratégica rica en minerales e hidrocarburos.

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