El Gobierno de Venezuela formalizó la creación de una comisión especial encargada de seleccionar a los contratistas del sector salud, una de las áreas más golpeadas por la crisis nacional. La medida se implementa luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometiera destinar los ingresos de las recientes ventas de petróleo a Estados Unidos directamente a la recuperación del sistema sanitario.
De acuerdo con la resolución número 374, publicada en la Gaceta Oficial N° 43.395 y firmada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, la Comisión de Contrataciones Públicas tendrá la responsabilidad de «ejecutar los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras».
El órgano estará integrado por tres miembros principales con sus respectivos suplentes, encargados de las áreas fundamentales de evaluación:
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Área Jurídica: Rafael de Sousa Visconti.
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Área Técnica: Mauricio Erasmo Vega (actual viceministro de Hospitales).
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Área Financiera: Yenny Delgado.
La resolución faculta a la comisión para incorporar a los asesores técnicos que considere necesarios según la complejidad de cada proyecto, quienes participarán con derecho a voz pero sin voto.
Crisis profunda
El sistema sanitario venezolano enfrenta un severo deterioro en su infraestructura, escasez crónica de medicinas e insumos médicos, y un déficit crítico de personal. Mientras expertos, ONGs y sectores opositores atribuyen este escenario a la falta de mantenimiento, la corrupción y la migración masiva de profesionales, la administración chavista responsabiliza a las sanciones internacionales de la parálisis del sector.
Esta reestructuración administrativa se produce tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando la mandataria encargada asumió funciones luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses en Caracas. En ese momento, Rodríguez aseguró que «cada dólar» proveniente de la industria petrolera se canalizaría hacia la salud, ordenando además la creación de dos «fondos soberanos» para administrar estos recursos y mitigar la deuda quirúrgica del país mediante alianzas con el sector privado.
Este modelo de asignación de contratos ya cuenta con un precedente reciente: el Ejecutivo activó una comisión similar para el sector eléctrico, otra de las áreas públicas colapsadas que las autoridades intentan recuperar atrayendo inversión privada y extranjera.
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