El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) calificó este jueves como un «asesinato» el fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas. El caso ha provocado una ola de indignación nacional, dado que su familia lo reportó como desaparecido desde enero de 2025, mientras permanecía bajo custodia del Estado en condiciones de aislamiento.
La formación política liderada por María Corina Machado afirmó que Quero fue víctima de una desaparición forzada tras ser interceptado por la DGCIM a principios de 2025.
Según el comunicado, su muerte no fue un hecho accidental, sino la consecuencia de permanecer en El Rodeo I, centro al que calificaron como una instalación de tortura donde se violan sistemáticamente los derechos de prisioneros locales y extranjeros.
Admisión tardía del deceso
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó la noticia este 7 de mayo de 2026, revelando sorpresivamente que el deceso ocurrió en realidad el 24 de julio de 2025. La versión gubernamental indica que Quero murió en un hospital debido a una insuficiencia respiratoria tras sufrir una hemorragia digestiva. No obstante, la oposición denuncia que el Estado ocultó el fallecimiento durante casi diez meses, impidiendo que sus allegados supieran su paradero.
Irregularidades en el protocolo informativo
El informe oficial alegó que no se pudo contactar a los familiares porque el detenido no aportó datos filiatorios, argumento que ha sido desmentido por las constantes peticiones de información realizadas por su madre, Carmen Navas, ante tribunales y cárceles. Organizaciones como el Foro Penal destacaron que el exmilitar fue enterrado bajo protocolos estatales de forma anónima, privando a la familia del derecho a un sepelio digno.
Llamado a la justicia internacional
Ante la opacidad del caso, la Defensoría del Pueblo y diversas ONG de derechos humanos han solicitado una investigación exhaustiva e independiente. Figuras de la oposición han señalado que este suceso forma parte de un patrón de persecución contra exefectivos militares, exigiendo que se determinen responsabilidades penales por el ocultamiento de la muerte y el trato recibido por Quero durante su reclusión.
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