A un año de que se detectaran los primeros casos de Covid-19 en Venezuela y por ende el decreto de una cuarentena estricta, la cantidad de contagios se mantiene como una de las más bajas de América Latina, con 144.277 personas afectadas por la enfermedad y 1.415 muertes, según datos oficiales. 

Estos números son cuestionados por médicos, sociedad civil y líderes opositores que denuncian la utilización de estos datos a conveniencia del oficialismo, en medio de un debilitado sistema sanitario, una severa crisis en servicios públicos y la aplicación de un método, también cuestionado, que incluye una semana flexible y otra más restringida. 

En Soy Nueva Prensa digital queremos poner en contexto ciertas aristas, para entender por qué Venezuela sigue reportando cifras bajas: 

Cuarentena ¿temprana?

El 13 de marzo de 2020 el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de alarma y la suspensión de clases, luego que se registraran apenas dos casos de contagio por el virus; dicha medida entraría en vigencia a los tres días siguientes, así como la prohibición de concentraciones masivas y la movilidad entre estados y municipios. 

Aunque Maduro la llamó, en principio, «cuarentena social y voluntaria», en la práctica era obligatoria y vigilada y se cumplió fielmente durante los dos primeros meses. Apenas se podía trabajar en sectores básicos: alimentación, salud y prensa. 

Suspensión de vuelos

El primer Mandatario también ordenó la suspensión inmediata de vuelos provenientes de Europa y Colombia, por lo acelerado del aumento de los casos y pocos días después, lo hizo con Panamá y República Dominicana, seguido de los enlaces, vía aérea, con el resto del mundo. 

Esta medida exceptuaba los viajes humanitarios gestionados por entidades diplomáticas. Se mantuvo vigente hasta noviembre del año pasado cuando se abrió el espacio aéreo para aviones provenientes de Irán, Turquía y México; días después se sumaron República Dominicana y Panamá. 

Restricción en fronteras terrestres

Las fronteras terrestres también fueron cerradas de inmediato y se habilitaron, únicamente, corredores humanitarios para permitir el ingreso de venezolanos que quedaron varados en otros países o que decidieron retornar tras emigrar. 

Entre 300 y 400 personas atravesaban la línea fronteriza bajo estrictos controles y solo tres días a la semana. 

La medida fue aplicada en medio de las acusaciones de Maduro contra los venezolanos que retornaban de ser los causantes de la expansión del Covid-19 en el país, ya que ingresaban a través de pasos ilegales y a los que llegó a calificar de «bioterroristas».

Escasez de gasolina

La pandemia del Covid-19 en Venezuela coincidió con una grave escasez de gasolina que, hasta la fecha, ha impedido la movilidad de personas y que todavía mantiene a venezolanos en largas colas alrededor de estaciones de servicio esperando abastecerse. 

Maduro ha explicado en reiteradas ocasiones que esto es consecuencia del «bloqueo económico» por parte de Estados Unidos que impide a Venezuela comprar recursos para refinar gasolina. 

En junio del año pasado comenzó la importación de gasolina, procedente de Irán, lo que ha ayudado un poco a mitigar este problema. 

Con el carburante, llegó también una notable laxitud de las restricciones de movilidad, al implementarse el esquema denominado 7+7, todavía vigente, y que consiste en siete días de cuarentena, seguidos de otros tantos de flexibilización.

Controles policiales

La movilidad en el país no solo estaba limitada por la escasez de combustible, sino también por la vigilancia de cuerpos de seguridad que impedían el tránsito de las personas entre cada estado, municipio o comunidad. 

Tanto la policía como la GNB se mantenía desplegada en cada zona asumiendo un control tan estricto que el personal de salud, prensa o seguridad del Estado se encontró con complicaciones para trasladarse a sus lugares de trabajo, aún cuando poseían salvoconductos.

Escasez de pruebas PCR

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han realizado alrededor de tres millones de pruebas en una población de aproximadamente 30 millones de habitantes.

El Gobierno no precisa si se trata de pruebas rápidas o PCR, pero según la Academia Nacional de Medicina y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, los test que más se realizan son los de diagnóstico inmediato, de dudosa fiabilidad por su alto porcentaje de error.

En opinión de médicos independientes y de la oposición, el bajo número de pruebas evita que exista un dato certero acerca de la cifra real de contagiados, por lo que -aseguran- hay un «subregistro altísimo» de la cantidad de casos.

Con información de EFE / Telemundo51

 

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