Familiares de las víctimas de la operación policial más mortífera en la historia de Brasil se congregaron este miércoles en la favela de Penha para conmemorar un año de la masacre que dejó un saldo de 122 fallecidos. El acto de homenaje y protesta tuvo lugar en la plaza São Lucas, el mismo sitio donde hace 12 meses decenas de cuerpos tiroteados fueron colocados en fila por los propios allegados, luego de que las fuerzas de seguridad omitieran el rescate de las víctimas en las zonas boscosas. Los manifestantes denunciaron la parálisis de las investigaciones judiciales y la persistente ausencia del Estado en las barriadas.
Irregularidades y denuncias de ejecuciones intencionales
En el marco de la conmemoración, la organización Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que señaló graves anomalías durante el operativo, que movilizó a 2.500 efectivos en los complejos de Penha y Alemão para ejecutar órdenes de captura contra el grupo criminal Comando Vermelho. El documento apunta al uso desproporcionado de la fuerza contra hombres y adolescentes, la manipulación o desconexión de las cámaras corporales de los agentes y fallas sistemáticas en los peritajes de las 117 muertes civiles y 5 bajas policiales registradas durante la incursión.
Estancamiento judicial y dudas sobre la investigación
La indignación de la comunidad radica en la falta de acceso al expediente y los escasos avances procesales. Los familiares cuestionan que las pesquisas se encuentren bajo la responsabilidad de la misma Fiscalía que autorizó la operación de control. Tauã Brito, representante de la asociación de familiares y madre de una de las víctimas, enfatizó la frustración de las familias al no contar con explicaciones oficiales ni garantías de imparcialidad, señalando que la acción policial representó una sentencia de muerte sin derecho a juicio por el simple hecho de residir en una favela.
Control criminal inalterado y falta de políticas públicas
A un año del despliegue masivo, habitantes y defensores de derechos humanos coinciden en que la operación no logró desarticular el crimen organizado en la zona. Representantes de HRW y de organizaciones comunitarias como el Frente Penha advirtieron que la estructura del narcotráfico se restituyó de inmediato y que la seguridad no ha mejorado. Por el contrario, los residentes aseguran continuar atrapados entre la violencia esporádica de los operativos policiales y la supervisión directa de los grupos armados que imponen restricciones de acceso a las calles del sector.
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