La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles al Estado de Nicaragua garantizar de forma inmediata la vida, integridad y libertad de una mujer identificada con las iniciales E.J.F.C. y de sus hijas C.M.F. y M.M.F. El paradero de la mujer se desconoce desde 2025, en el marco de un caso que se remonta a 2005, cuando siendo menor de edad habría sido víctima de violencia sexual por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Exigencia de reunificación y fin del aislamiento de menores
En su resolución, el tribunal internacional requirió al régimen nicaragüense levantar cualquier medida que encubra el paradero o restrinja la libertad de E.J.F.C. y de su hija de trece años, C.M.F. Respecto a la otra menor de ocho años, M.M.F., la Corte ordenó cesar su situación de aislamiento en la vivienda familiar bajo custodia policial, garantizándole acceso inmediato a servicios de salud, educación, actividades recreativas y atención psicosocial, así como proceder a la reunificación del núcleo familiar.
Un historial de represalias y muertes bajo custodia
El proceso se deriva de una demanda en trámite ante la Corte IDH impulsada tras la persecución sistemática contra Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, luego de que este denunciara públicamente los abusos cometidos contra su hermana E.J.F.C. Por estas denuncias, Flores Castillo fue condenado en 2013 a 15 años de prisión en un juicio presuntamente fabricado, y falleció el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia del Estado en el centro penitenciario La Modelo.
Desaparición de las víctimas y bloqueo informativo
Según las denuncias presentadas por los representantes de las víctimas, E.J.F.C. y su hija C.M.F. fueron sustraídas de su vivienda por agentes estatales el 21 de marzo de 2025. Mientras tanto, la niña M.M.F. ha permanecido retenida en el inmueble familiar sin asistir a la escuela desde hace dos años y bajo vigilancia permanente. Toda comunicación con la menor fue completamente bloqueada desde mayo de 2026, lo que motivó la solicitud de auxilio urgente ante el organismo interamericano.
El contexto de desacato del Estado nicaragüense
La resolución se emite en un escenario complejo, dado que la Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato permanente desde 2022, cuando las autoridades de Managua se negaron a cumplir con las órdenes para liberar y resguardar la vida de más de un centenar de opositores políticos encarcelados. Desde esa fecha, el Gobierno de Daniel Ortega ha optado por no responder a los requerimientos del tribunal ni enviar representación a sus audiencias oficiales.
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