La Asamblea Nacional aprobó este martes, por mayoría calificada, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo fin es supervisar el funcionamiento de este tipo de instituciones que hacen vida en el país.

Al respecto, el integrante la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, diputado Diosdado Cabello (PSUV/Nacional), durante la presentación del informe del proyecto en la Plenaria, aseveró que esta ley busca revisar y hacerle seguimiento a las ONG que reciben financiamiento y no son supervisadas.

Cabello señaló que existe una deuda con el pueblo venezolano en este sentido, porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar el país, no dependen del gobierno y deben ser reguladas.

Informó que una investigación exhaustiva arrojó que en Venezuela funcionan 62 ONG y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República.

Posibles sanciones

Indicó que en países como en Estados Unidos, o cualquiera de la Unión Europea, las ONG cumplen su función de acuerdo a las leyes de cada nación. En caso contrario –subrayó– pueden ser sancionadas. Agregó que en Venezuela se les debe aplicar la ley como lo establece el artículo 52 de la Constitución, el cual contempla que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos.

Aseveró que desde el fracaso de los planes imperialistas, ahora los Estados Unidos utilizan las ONG para desestabilizar, lo cual –puntualizó– no se permitirá más.

Entre tanto, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV/Dtto. Capital), apoyó la propuesta argumentando que la normativa permitirá frenar aquellas pretensiones de desestabilizar el país. “Las ONG son partidos políticos y deben dirigirse al Poder Electoral para ser reconocidas como organizaciones con fines políticos, y no como instituciones de ayuda social”, expresó.

Comentó que las ONG son instrumentos utilizados para atacar al pueblo y controlar los recursos naturales sin cumplir su función legal, por lo que consideró la necesidad de regularlas para preservar la paz.

Ya con la aprobación en primera discusión, ahora se remite a la Comisión de Política Interior para iniciar la consulta nacional, tal como lo establece el Reglamento Interior y de Debates de la AN.