Un archivo de audio atribuido inicialmente a las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, agitó este viernes la campaña presidencial en Colombia. En la grabación, un hombre exigía votar por el candidato izquierdista Iván Cepeda para los comicios del 31 de mayo, lo que reavivó el histórico debate sobre las presiones a campesinos en zonas rurales.
El mensaje, dirigido a comunidades del selvático departamento del Guaviare, contenía amenazas económicas y advertencias de expulsión para quienes no se «carneticen» o se alineen con las supuestas órdenes del grupo armado. «Ojalá gane el compañero Cepeda (…) porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años», se escuchaba en el audio que las autoridades recolectaron como evidencia.
El giro en la versión oficial
Este viernes, el Gobierno colombiano dio un vuelco a la situación. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, reveló que, tras una investigación preliminar de la Policía, se determinó que la grabación no proviene de la guerrilla, sino de una modalidad de extorsión carcelaria.
«Se trataría de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña (en Ibagué) y no tendría ninguna relación con algún grupo criminal», explicó el ministro. Al responsable le fueron incautados un teléfono celular y libretas con listados de posibles víctimas en un allanamiento realizado el pasado 28 de abril. Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el uso de estas mentiras en política como una base que solo alimenta el fascismo.
Rechazo categórico del candidato Iván Cepeda
Tras conocerse la grabación, el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, negó cualquier vínculo con acciones de grupos armados ilegales. «Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni mi campaña ni yo aceptamos esta clase de acciones», expresó el candidato a través de sus redes sociales.
Cepeda, quien lidera la intención de voto y es señalado por sus opositores como el sucesor de Petro, instó a las autoridades a investigar los reportes de la Defensoría del Pueblo sobre presiones reales de actores armados que sí estarían ocurriendo en otras zonas del país para influir en el voto.
Reacciones de la oposición y otros sectores
Pese a la aclaración oficial, las reacciones políticas no se hicieron esperar. La senadora y candidata opositora Paloma Valencia acusó al Gobierno de permitir que «los fusiles elijan al heredero», asegurando que los grupos armados se han fortalecido bajo la política de «paz total».
Asimismo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó que más de cinco millones de colombianos viven en territorios bajo el yugo de grupos ilegales, advirtiendo que cualquier indicio de respaldo electoral promovido por delincuentes debe ser tratado con la máxima gravedad y no como un incidente aislado.
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