Birmania permanece a la deriva y el conflicto en el país aumenta cuando se cumplen cuatro años del golpe militar que destruyó su transición democrática, con el Ejército en plena huida hacia delante ante sus pérdidas frente a guerrillas y el apoyo cada vez más directo de China al régimen castrense.
Mañana, 1 de febrero, hará cuatro años desde que el Ejército birmano, liderado por Min Aung Hlaing -a quien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pide arrestar por su persecución contra la minoría rohinyá en 2017-, perpetró un golpe contra el Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.
El actual jefe de la junta anunció este viernes que extiende por un nuevo plazo de seis meses -la séptima prórroga desde el golpe- el estado de emergencia en el país, que concede a las fuerzas armadas plenos poderes ejecutivos y legislativos y durante el que no se pueden convocar elecciones, una de las promesas de los militares.
El régimen justificó su decisión en la necesidad de «estabilizar» Birmania (Myanmar) antes de convocar elecciones, cuando el Ejército se encuentra en un momento de gran debilidad debido al avance de guerrillas étnicas y prodemocráticas.
«Lejos de disminuir, el conflicto ha escalado dramáticamente. El año pasado fue particularmente devastador para el Ejército», asegura en un informe Ye Myo Hein, del Instituto para la Paz de EE.UU.
Los militares han perdido en total cerca de un centenar de ciudades (91) ante los rebeldes, apunta este centro, así como feudos clave como la localidad de Lashio (noreste) y amplias zonas del estado de Rakáin (oeste), en parte debido a una alianza de guerrillas que en octubre de 2023 lanzó en el norte la llamada «Operación 1027», que se fue extendiendo por el país.
«Desde octubre de 2023 el Ejército ha quedado extremadamente debilitado y la moral es muy baja», afirma a EFE Richard Horsey, experto en Birmania de International Crisis Group (ICG).
Huida hacia delante
Ante este panorama, la junta -que recibe armamento de Rusia- permanece empecinada en continuar, por un lado, con potentes bombardeos militares allá donde pierde terreno -en un solo ataque en Rakáin mató a más de 40 personas a comienzos de enero-, y por otro en buscar una salida política a la crisis.
«La violencia del Ejército contra los civiles llegó el año pasado a niveles sin precedentes», denunció hoy la Oficina de la ONU de los Derechos Humanos, en un comunicado que subraya que los generales aumentan sus bombardeos como «vengaza» al ver su poder erosionado.
Solo en 2024, la ONU indica que al menos 1.824 birmanos han muerto por estos ataques, en contraste con 1.639 el año anterior. En total, más de 6.200 personas han fallecido desde el golpe y cerca de 28.500 han sido detenidas, entre ellas Suu Kyi, según la Asociación para la Protección de Prisioneros Políticos de Birmania.
En paralelo, China, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Birmania, donde tiene importantes proyectos energéticos y de infraestructura, ha aumentado su mediación en el conflicto y respaldo al Ejército para acabar con una inestabilidad contraria a sus intereses.
«China ha presionado fuerte al régimen para que convoque elecciones», dice a EFE Horsey, quien cree que podrían tener lugar en noviembre, si no vuelve a extenderse el estado de emergencia.
Así, el primer ministro chino, Li Qiang, expresó el pasado noviembre su apoyo a «los esfuerzos de reconciliación y transición política» de Birmania en una reunión con Min Aung Hlaing, durante el primer viaje de este al gigante asiático desde el golpe.
En esta línea, el pasado 20 de enero la junta y una guerrilla con raíces étnicas chinas, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA), firmaron un alto el fuego con mediación de Pekín.
No obstante, la mayoría de guerrillas rechazan la oferta de sentarse a negociar de la junta, mientras el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que se declara el poder legítimo de Birmania desde la semiclandestinidad, se opone a la convocatoria electoral, con la oposición o encarcelada o en el exilio.
Lo que suceda los próximos meses es incierto. Ye Myo Hein prevé que el conflicto se extenderá a las ciudades, mientras advierte que es «improbable» que unas eventuales elecciones estabilicen al país y a la junta, afirmando que esta apenas controla el 21 % del país.
Horsey añade: «Las elecciones no van a resolver la crisis. La vasta mayoría de la población quiere el fin del control e influencia de los militares (…) y no va a aceptar una suerte de arreglo que los deje como el poder en la sombra».
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