Fotografía de archivo en la que se ve al ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil. EFE/ Miguel Gutiérrez

La Cancillería de Venezuela rechazó la decisión de Estados Unidos de prohibir los viajes a territorio estadounidense desde 12 países, incluyendo a la nación, al considerar que esta medida tiene «evidentes fines políticos y de amedrentamiento».

A través de un comunicado publicado en Telegram, condenó «de manera categórica» la campaña de «estigmatización y criminalización lanzada contra el pueblo venezolano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, expresada ahora en un nuevo ataque que restringe la emisión y validez de visas para ciudadanos venezolanos».

«Esta operación la ha impulsado el actual secretario de Estado, Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano, que ha hecho de la agresión sistemática su política exterior, contando con el respaldo de la ultraderecha venezolana», añadió.

Defensa de los derechos e intereses del venezolano

El Ejecutivo chavista reiteró su «compromiso indeclinable» con la defensa de los derechos e intereses de los venezolanos «en cualquier parte del mundo» y «ante esta nueva ola de agresiones, reafirma la alerta máxima de viaje a los Estados Unidos de Norteamérica, advirtiendo que ese país no garantiza hoy las condiciones mínimas de respeto, trato digno ni legalidad para nuestros ciudadanos».

«Lo ocurrido no es un hecho aislado, sino una nueva demostración del odio visceral contra el pueblo venezolano que anima a quienes hoy conducen la política exterior de Washington», apostilló.

Declaraciones de Trump

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva que prohíbe la entrada de inmigrantes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen y limitado las procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La prohibición entra en efecto el próximo 9 de junio, de acuerdo con la orden, que establece además que en un plazo de 90 días y cada 180 días, el Secretario de Estado presentará un informe al presidente con su evaluación y recomendando si se debe continuarse, terminar, modificarse o complementarse.

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