El diputado opositor Henrique Capriles expresó este miércoles su enérgico rechazo a la decisión de que el Estado venezolano sufrague los gastos de defensa de Nicolás Maduro en el juicio por narcotráfico que se sigue en su contra en Estados Unidos.
Durante una rueda de prensa del grupo parlamentario Libertad, Capriles puso en duda la moralidad del uso de fondos públicos para este fin. «¿Cuánto va a costar la defensa de Nicolás Maduro?», cuestionó, afirmando que el entorno del mandatario derrocado cuenta con la solvencia necesaria para costear abogados privados. «Todos en Venezuela saben que el depuesto mandatario problemas económicos no tiene», enfatizó.
El giro de Washington y la OFAC
La controversia surge tras conocerse que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que autorizan al Gobierno venezolano a transferir fondos para pagar los honorarios de los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Según el documento legal publicado el pasado viernes, los pagos están sujetos a condiciones estrictas:
Deben provenir de fondos disponibles para el Gobierno después del 5 de marzo de 2026.
No pueden derivarse de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Esta medida representa un cambio radical en la política de la administración de Donald Trump, que anteriormente bloqueaba cualquier acceso a fondos estatales venezolanos por motivos de seguridad nacional.
Derecho a la defensa vs. Realidad política
La decisión del Departamento de Justicia respondió a los argumentos de la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack. Estos sostenían que el bloqueo de fondos vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., la cual garantiza el derecho de un acusado a elegir su representación legal. El juez de la causa, Alvin Hellerstein, se había mostrado escéptico ante la Fiscalía, señalando que, tras su captura, el matrimonio ya no representaba una amenaza activa.
Sin embargo, Capriles contrastó este beneficio con la realidad de los presos políticos venezolanos recientemente liberados, a quienes, según denunció, nunca se les permitió acceso a una defensa privada financiada o protegida.
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