La organización no gubernamental Espacio Público alertó este miércoles sobre una alarmante aceleración en la represión contra la labor informativa en Venezuela. Según su último reporte, entre enero y abril de 2026 se han documentado 29 detenciones de periodistas e infociudadanos, cifra que representa el 65 % del total de arrestos registrados durante todo el año 2025 (44 casos).
Marysabel Rodríguez, socióloga y portavoz de la ONG, explicó durante la presentación del informe anual en Caracas que estas detenciones se producen mayoritariamente en el contexto de coberturas de calle y manifestaciones. «Volvemos a la lógica de detenciones de corta duración, pero la violencia en torno a los casos es mayor», precisó.
Perfil de los afectados y cargos imputados
De los 29 arrestos computados en este cuatrimestre:
22 fueron periodistas profesionales.
6 fueron ciudadanos particulares (activistas o infociudadanos).
1 trabajador público.
Rodríguez destacó que la «incitación al odio» sigue siendo el cargo predilecto del sistema de justicia para procesar a quienes emiten opiniones o informaciones en espacios digitales. Al menos seis de los arrestados enfrentan este cargo, cuatro de ellos exclusivamente por publicaciones en redes sociales.
Menos denuncias, más violencia
A pesar de que el número total de violaciones a la libertad de expresión (91 registros) refleja un descenso del 16 % en comparación con el mismo periodo de 2025, la ONG advierte que esto no representa una mejora en el entorno democrático. Por el contrario, los patrones de intimidación, censura y hostigamiento judicial se han recrudecido.
«En 2026 seguimos viendo procesos judiciales y detenciones que parecen no extenderse tanto en el tiempo, una táctica que recuerda a los inicios de las limitaciones al trabajo periodístico en el país», apuntó la socióloga.
Efecto limitado de la Ley de Amnistía
Espacio Público subrayó que la dinámica de persecución persiste inalterable, a pesar de hitos políticos recientes como la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero y las excarcelaciones de presos políticos iniciadas en enero. Para la organización, no existen indicios de que el Estado venezolano planee revertir el uso del sistema judicial como herramienta de control y silenciamiento contra quienes ejercen el derecho a informar.
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