La tarde del miércoles 22 de mayo, la población de estado Bolívar se conmocionó al conocer el caso de una madre de 22 años que agredió con un lápiz a su hijo de tan solo un año de vida. Las autoridades dieron con la agresora luego de que se viralizara en redes sociales un video tomado por ella misma que evidenciaba la tortura a la que sometía al niño.

Su detención por parte de los cuerpos de seguridad se produjo poco después en el sector Villa Caruachi de Puerto Ordaz, municipio Caroní.

La noticia fue difundida ampliamente por los medios regionales y nacionales, sin embargo, el lamentable hecho forma parte de un problema más grande que han venido denunciando distintas organizaciones y que se refleja en los registros del monitoreo de prensa que lleva el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar): el aumento del maltrato infantil en la región.

Caso en el municipio Sifontes

Un par de días antes, el 20 de mayo, se difundió también el caso de una madre que pusieron bajo arresto por permitir agresiones de su pareja en contra su hijo de dos años.

Este hecho ocurrió en Sifontes, un municipio al sur del estado Bolívar con la segunda tasa más alta de muertes violentas por cada cien mil habitantes del país (151) para el 2023, solo por detrás de El Callao, el más violento de Venezuela, con una tasa de 424,7, tal como se refleja en el Informe Anual de Violencia 2023 del OVV.

De acuerdo con las publicaciones de prensa, tan solo en el mes de mayo de 2024, hubo cinco (5) víctimas menores de edad en la entidad, tres de ellas no superan los 4 años. En la mayoría de los casos, los padres o parejas fueron los principales agresores.

Un reciente estudio del Centro de Estudio Regionales (CER) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) sobre el Bienestar Infantil en Bolívar también daba cuenta de la presencia de violencia contra niños y niñas en todos los estratos socioeconómicos.

Violencia en todas las clases sociales

En la presentación de la investigación señalaron dentro de los hallazgos «la presencia de distintas formas de violencia y maltrato como experiencias comunes para todos los grupos del estudio, así como la presencia de niños al cuidado de terceros a causa de la migración».

También, destacaron que además de manifestaciones de violencia intrafamiliar, los niños también hicieron referencia a casos de violencia escolar tanto física, como psicológica. Así, como presencia trabajo infantil entre los niños de los estratos más bajos.

El CER pudo identificar casos de niños que trabajan y estudian, lo que advierten puede tener un impacto negativo en su desarrollo educativo y bienestar general. Dentro de las diversas manifestaciones de violencia contra niños, también sale a flote la violencia sexual.

En lo que va de 2024, el OVV Bolívar ha contabilizado al menos ocho casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y para el año pasado, el informe anual del OVV reveló que, en el país, 89% de las víctimas de violación y delitos sexuales son niños y niñas menores de 12 años de edad y las adolescentes, quienes también son las más frecuentes víctimas de explotación sexual.

Violencia exacerbada en las minas

El empeoramiento de las condiciones de los niños y niñas en Bolívar también está estrechamente relacionado con el establecimiento del Arco Minero del Orinoco al sur de Bolívar, que originó una transformación de las dinámicas económicas y sociales en torno a explotación minera que ha promovido el aumento de casos de violencia sexual, física, trata de personas y prostitución.

Para 2023, el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB informó que había logrado documentar un aumento en el porcentaje de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, así de 3.500 mujeres que las obligan a realizar trabajo sexual en las minas al sur de Bolívar, al menos 35% eran niñas o adolescentes.

«Pudimos documentar incluso una disminución en el rango de edades de estas niñas, que para 2018 oscilaba entre los 12 y 17 años, y que durante nuestras investigaciones en terreno en 2023, documentamos casos niñas siendo explotadas sexualmente desde los 7 años de edad», detalló el investigador del CDH, Alejandro Álvarez Hernández.

El CDH-UCAB también documentó la situación de 1.300 infantes en el estado Bolívar que trabajan en minas o en actividades conexas a la actividad minera, en las cuales realizan trabajos que se extienden más de 12 horas.

Los investigadores explican que la explotación infantil se da de distintas formas que incluyen: trabajo forzoso, explotación laboral, explotación sexual, trata y tráfico de personas, matrimonios y uniones tempranas, reclutamiento por parte de grupos armados.

Niños en riesgo

Las cifras presentadas por el Estado corroboran la situación riesgo y alarma en la que viven los niños y niñas del país. En la última actualización del Ministerio Público, contabilizan 7.165 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes entre enero de 2022 y mayo de 2023.

Ni los hogares ni el espacio público son espacios seguros para los niños, pero las amenazas también actúan en la red.

De acuerdo con la organización Childlight, más de 300 millones de niños y adolescentes son víctimas de abuso infantil en línea cada año, y en Venezuela se identificaron 249.567 casos en 2023, lo que promedia 684 casos por día.

Ante el alto riesgo de violencia al que someten a los niños, niñas y adolescentes del estado Bolívar, el OVV regional manifiesta su preocupación por el aumento y empeoramiento de los diferentes tipos de delitos en contra de los infantes.

Insiste en que el Estado y las autoridades deben ampliar las acciones para frenar la violencia infantil en el estado y el país a través de planes y políticas públicas de prevención ajustadas al contexto actual.

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