Caracas.- La organización defensora de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, Cecodap, denunció que el fiscal general de la República y el Ministerio Público, vulneran las garantías fundamentales previstas en la Lopnna, al exponer nombre, apellido e imágenes de los adolescentes implicados en el presunto caso de acoso escolar en el colegio Loyola de Puerto Ordaz.
«El uso de redes sociales para exponer a un adolescente señalado en un hecho punible viola la ley y acarrea sanción. (…) Nos mostramos preocupados por las consecuencias que esto trae para el adolescente y toda la comunidad del centro educativo», denunció la organización en un comunicado publicado este jueves, 5 de mayo, reseña Efecto Cocuyo.
Este pronunciamiento de Cecodap se realiza luego de Tarek William Saab y el Ministerio Público anunciaran que abrirán una investigación para sancionar casos de acoso escolar, a través de publicación de Twitter en donde se difundían datos e imágenes claves sobre los adolescentes involucrados.
Cecodap aclaró que la Lopnna en su artículo 65, garantiza el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar.
«Recordamos que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente», destacó la ONG en el comunicado.
En este sentido, continúa, «está expresamente prohibido exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, cualquier niño, niña o adolescentes que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles».
Además, Cecodap califica como inadmisible que sea el propio el Fiscal General de la República, designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, o cualquier otra autoridad del Estado sea quien vulnere el honor, reputación y propia imagen de un adolescente, a través del uso de una plataforma pública.
«Como organización rechazamos la violencia y exigimos justicia a cualquier víctima de violencia. Si un adolescente incurrió en un hecho punible debe estar sujeto al sistema de justicia con las garantías previstas en la ley y responder en la medida de su culpabilidad. No avalamos la impunidad, pero sí exigimos el cumplimiento estricto de la ley y más aún si se trata del Ministerio Público», concluye el comunicado.
Durante los últimos meses se ha vuelto cada vez más común que Tarek William Saab, en representación del Ministerio Público, divulgue datos e imágenes sobre presuntos hechos punibles en el país.
Frente a esto, Cecodap señala que «emitir juicios, calificaciones o adelantar opiniones en redes sociales vulnera garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la confidencialidad, la defensa, el debido proceso y el juicio educativo reconocidos en la ley».
«Una red social no puede ser el mecanismo para dirimir los conflictos sociales ni administrar justicia», pues «solo el Ministerio Público y los Tribunales son los principales garantes de la legalidad», explicó la organización.
Con información de Efecto Cocuyo
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