La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció «abusos» que «vulneran» la dignidad y salud de los detenidos tras las elecciones de julio de 2024 en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, donde -aseguró- reciben comida en «mal estado» y «el hambre» se utiliza como «un arma» contra ellos.
«Familiares siguen angustiados, pues les dan (a los presos) granos descompuestos, infestados de gorgojos, arroz y harinas crudas. Según las autoridades del penal, no hay más comida para los más de 300 presos políticos que permanecen injustamente detenidos», indicó la ONG a través de su cuenta en X.
Así mismo, el CLIPP denunció que, aunque los detenidos intentan retirar los insectos, «la cantidad es tan grande que resulta imposible eliminarlos por completo», por lo que -añadió- a los presos no les queda otra opción que ingerir «la comida en mal estado o soportar el hambre».
De igual forma, la organización no gubernamental denunció que los «presos políticos» los «golpean y despojan de lo poco que pueden llevarle sus familiares».
Acusaciones
Según la ONG, hay detenidos que los acusan de «comportamientos inadecuados» y son «confinados en celdas de castigo», donde -aseguró- «duermen en el suelo, expuestos al frío y sometidos a maltratos brutales».
Por otra parte, el CLIPP manifestó que madres y familiares de los arrestados «siguen viviendo la angustia, el dolor y la burla gubernamental», pues -prosiguió- no se han concretado las excarcelaciones de «todos los presos políticos», como -aseguró la ONG- prometió la Fiscalía.
Ante esta situación, los familiares denuncian una «violación flagrante de los derechos humanos» y exigen la «liberación inmediata» de los «presos políticos», una petición a la que se sumó la ONG.
Serie de protestas
El CLIPP organizó una serie de protestas en Caracas en febrero para exigir a diversas instituciones, como la Fiscalía y el Ministerio Penitenciario, que se garanticen las condiciones adecuadas de reclusión y, además, pedir la libertad de las personas que consideran como «presos políticos», la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del año pasado.
En este contexto, arrestaron más de 2.400 personas tras la denuncia de fraude por parte de la mayor coalición opositora en la victoria que adjudicó el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, a Nicolás Maduro, investido como presidente para un tercer sexenio el pasado 10 de enero.
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, aseguran que en el país no hay presos políticos, sino personas que detuvieron -sostienen- porque cometieron delitos.
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