La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió al Gobierno de Venezuela revocar su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y mantener su cooperación con el tribunal, el cual investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.
A través de un comunicado difundido este sábado, el CLIPP solicitó también a la Fiscalía de la CPI que continúe la investigación «sin dilación» durante el año de transición que requiere la formalización del retiro de Venezuela.
Asimismo, la organización instó a los Estados partes del Estatuto de Roma a respaldar política y financieramente a la CPI. La petición surge tras el anuncio de la semana pasada del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sobre una campaña diplomática orientada a «desmantelar» el tribunal y presionar a sus aliados para que abandonen el organismo, al que acusa de injerencia en asuntos estadounidenses.
Salida de Venezuela del CPI
El viernes, el canciller venezolano, Félix Plasencia, anunció la renuncia de su Gobierno al Estatuto de Roma tras alegar un «sesgo» que concentra la labor de la CPI de forma «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos, respondiendo a intereses ajenos a la justicia internacional.
Para el CLIPP, esta decisión representa un «intento de cerrar una vía de justicia para proteger a responsables que aún ejercen el poder». La ONG subrayó que «al menos 500 personas siguen detenidas por motivos políticos y cientos de víctimas dependen de mecanismos internacionales para acceder a la verdad, la justicia y la reparación».
«Las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron a la Corte porque los tribunales nacionales no investigaron ni sancionaron a los responsables», enfatizó el CLIPP.
Por su parte, la CPI lamentó el viernes la decisión de Venezuela y recordó que la renuncia no surte efecto inmediato: el país seguirá siendo Estado parte durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos en curso.
La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela e inició una investigación formal en 2021. Aunque en abril de 2022 el Estado venezolano solicitó aplazar el proceso para dar prioridad a sus tribunales nacionales, en junio de 2023 la Corte autorizó reanudar la investigación al considerar que las actuaciones internas no reflejaban suficientemente el alcance de los hechos.
Pese a que la Fiscalía de la CPI cerró su oficina técnica en Caracas en diciembre pasado debido a la falta de «progreso real» en materia de complementariedad, la institución aclaró que los investigadores desde La Haya continuarán con las pesquisas.
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