La junta directiva del Colegio de Abogados del estado Bolívar denuncia la presunta usurpación de funciones por parte de un grupo de abogados que, al parecer intenta imponer una «junta administradora», debido al vencimiento de la directiva actual, presidida por el abogado Félix Iztúriz.
Así lo explicó el licenciado Iztúriz, acompañado del tesorero, José Gregorio Meignen y Gustavo Caro, secretario, en una reciente visita a Nueva Prensa Digital.
«Se trata de un grupo de abogados, no sabemos con exactitud quiénes, que se hicieron pasar por directivos y llamaron a una asamblea, que no es asamblea sino más bien una reunión, señalando día, sitio, y allí pudimos observar una diversidad contradictoria de puntos para esa reunión (…) decían que las tres personas convocando eran representantes de una pluralidad de abogados que no aparecían firmando», expresó Iztúriz.
En su exposición, el abogado explica que lay establece claramente los parámetros para el cambio de la junta directiva, y es a través de elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral.
Contexto
Félix Iztúriz fue elegido presidente del Colegio de abogados en el año 2016, para dirigir al gremio en el bienio 2017-2018. Señala que antes de vencer su período llamó a conformar la comisión electoral para llevar a cabo las elecciones y hacer la sucesión de cargos correspondiente.
No obstante, la comisión electoral «fue abortada» por algunos miembros que la conformaban y fue entonces cuando aplicaron un acto revocatorio, según dice, «porque se empezaron a ligar cosas que, de acuerdo a la ley, hay prohibición expresa», como es el caso de mezclar cargos políticos con el trabajo gremial.
Ante la imposibilidad de realizar elecciones en 2019, también por impedimento del CNE que, sin ofrecer explicaciones, suspendió elecciones tanto en colegios como en sindicatos, se dio la continuidad administrativa 2019-2020 y así en 2021 vuelven a conformar otra comisión electoral para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente que permita el evento electoral.
«Esta gente (grupo de abogados) no hizo caso, hicieron su reunión como ellos quisieron y allí nombraron una comisión supuestamente administradora, que nos va a sustituir. Nosotros sabemos que nuestro período está vencido, pero esperamos que sea el CNE que nos indique cuándo es la aprobación para que nuestras elecciones se materialicen», recalca Iztúriz.
La directiva actual del Colegio de Abogados dice que tras la designación de esta comisión, se han encargado de difundir información falsa al respecto y señalan, además, que la propuesta que hacen es inviable.
«No está establecido en la ley que haya una comisión administradora remplazante de la legítima junta directiva, y no está establecido en la normativa nuestra que esto exista. Al colegio lo administra la junta directiva electa en comicios», sentenció Iztúriz.
Respaldo nacional
Ante la incertidumbre que vive el Colegio de Abogados del estado Bolívar, la junta directiva llevó el caso a instancias nacionales, recibiendo el respaldo de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de Previsión Social del abogado (InpreAbogado).
Ambas organizaciones, a través de comunicados, manifestaron apoyo irrestricto a la gestión de la actual junta directiva y reafirman su existencia, dejando claro que la llamada junta administradora es inexistente desde el punto de vista legal.
«El consejo directivo del InpreAbogado expresa su respaldo firme y categórico a la actual junta directiva del colegio de abogados del estado Bolívar, presidida por Félix Iztúriz, e integrada por Gustavo Caro, secretario y José Gregorio Meignen, tesorero, electa legítimamente por asamblea del gremio de abogados del estado Bolívar…», expresa parte del comunicado del Instituto de Previsión Social del Abogado.
Félix Iztúriz, Gustavo Caro y José Gregorio Meignen reiteran que están a la espera del pronunciamiento del CNE para llevar a cabo el proceso electoral, y que los mecanismos que han decidido utilizar este grupo de abogados, los cuales calificaron de “atropello, terroristas y guerrilleros”, parecieran, a su juicio, estar respondiendo a razones impropias para aprovecharse de las instalaciones del colegio, ubicado en Ciudad Bolívar, y realizar allí actividades fuera del marco permitido.
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