Varios congresistas filipinos exigieron este martes que se actúe judicialmente contra el expresidente Rodrigo Duterte, un día después de que admitiese haber dirigido escuadrones de la muerte ante un comité del Senado.
«La admisión de Duterte en la audiencia del Senado, hecha espontáneamente y como admisión contra su propio interés, es vinculante para él. Esto debe ser reconocido como prueba», afirmó el político y presidente del Comité de Derechos Humanos del Congreso, Bienvenido Abante Jr., en una rueda de prensa.
El congresista urgió a las autoridades a «examinar detenidamente» las declaraciones de Duterte ante el Senado y «determinar la responsabilidad penal de las personas responsables», que en su opinión podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Por su parte, la también congresista France Castro llamó en un comunicado a «cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional (CPI), porque tal y como estamos la justicia tarda en llegar a nuestro país, y más cuando se trata del expresidente».
La CPI está actualmente investigando la guerra contra las drogas lanzada por Duterte entre 2016 y 2022, a pesar de que éste retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.
En una comparecencia ante un comité del Senado que investiga la guerra antidroga y los miles de asesinatos extrajudiciales ligados a ella, Duterte afirmó haber dado órdenes a la Policía de forzar tiroteos con criminales en su etapa como alcalde de la ciudad sureña de Davao.
Luchar y sacar armas
«Vamos a ser francos, les dije que animasen a los criminales a luchar y sacar sus armas. Esas fueron mis órdenes, les dije que les empujaran a luchar y, si luchaban, los matasen», señaló el expresidente de 79 años.
Duterte afirmó luego que su escuadrón de la muerte no estaba formado por policías, sino por criminales, antes de afirmar en unas confusas declaraciones que el término es «bastante amplio».
«Tengo mi propio escuadrón de la muerte, pero no es la Policía. Son los gángsteres. Llamaba a un criminal y le decía, si no matas entonces te mataré yo ahora», dijo.
En su intervención inicial ante el comité, Duterte afirmó que hizo lo necesario para el beneficio del país y se negó a ofrecer «ni perdón ni excusas» ante las acusaciones de asesinatos extrajudiciales.
Unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante la violenta campaña, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
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