Argentina, 23 de septiembre del año 1913, se promulgaría la «Ley Palacios» (Ley Nacional N.º 9.143), primera normativa legal en el mundo cuyo fin fue penar la trata de blancas, la prostitución forzada y el proxenetismo; redactada, presentada y defendida por el diputado socialista Dr. Alfredo Palacios, del cual adquiere nombre.
Y es que, antes de la «Ley Palacios» de 1913, al menos en Argentina, los jefes de familia (casos más comunes, hermano, tutor, marido, amante o padre) que obligaban a las mujeres a prostituirse «no cometían ningún delito», de acuerdo al Código Civil.
En homenaje a tal decreto, durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, enlazado a la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, se determinó la conmemoración, cada 23 de septiembre, del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Su finalidad, sensibilizar a los gobiernos, el Estado y la sociedad sobre las consecuencias de tales crímenes que afectaron (y afectan aún) a todo el mundo.
Tan solo en 2018, hubo alrededor de 50.000 víctimas de trata de personas en 148 países, que denunciaron su existencia, de acuerdo a cifras oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 50 % de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y el 38 % fueron explotadas para realizar trabajos forzosos.
En consonancia a la fecha, se reitera su objetivo: recordar la exigencia de llevar a cabo acciones que den respuesta a las necesidades de las víctimas.
Vulnerables
Las mujeres, adolescentes y niñas resultan las más afectadas por la trata a nivel mundial, que según indica el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) de 2018, son sometidas a la explotación sexual, modalidad más detectada de la trata.
Los reportes indican que por cada 10 víctimas, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas. Mientras que de cada tres, una es un niño; sin embargo, su proporción ha aumentado cinco veces en los últimos 15 años.
En la mayoría de los casos, se encuentra presente el engaño, aunque en ocasiones se da con el consentimiento de la víctima, debido a su vulnerabilidad por factores psicológicos, socioeconómicos o culturales.
No obstante, tal como refirió la coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, Nueva Esparta, Hilda Mendoza, en su reporte de junio, 2022: «Aunque sea de manera consensuada, no se puede justificar o ignorar esta actividad, anulando la dignidad, la capacidad y los derechos de jóvenes y adolescentes, sino promover, en cambio, formas más dignas de garantizar la supervivencia, la realización personal, y de mejorar la calidad de vida».
En particular, el desplegable de la Unodc señala la alta vulnerabilidad de los refugiados y de aquellas personas en áreas afectadas por conflictos políticos, económicos, sociales. Entre los casos, se destaca el venezolano.
Sin identificar
Desde la Fiscalía General de la República, en el año 2020, se contabilizaron 330 casos y 696 víctimas de trata de personas en Venezuela.
El Ministerio Público detalló al respecto que, desde agosto de 2017, habían imputado a 468 implicados, acusaron a 411 personas y dictaron 114 órdenes de aprehensión por el delito del tráfico de personas.
Pero, el informe de la asociación civil Mulier Venezuela 2021 aclara que la línea temporal de las cifras comunicadas por la Fiscalía General corresponden a la gestión del fiscal Tarek William Saab que inició en agosto de 2017, y si «entre 2017 y 2020 se reportaron 118 casos, 212 corresponderían al lapso enero-julio de 2021. Esto significaría que el propio Ministerio Público reconoció con sus declaraciones un aumento de 221 % en los casos detectados en los primeros siete meses de 2021».
Con respecto a los perpetradores del delito, se señaló que en 2021 295 personas fueron detenidas por concepto de trata, de las cuales 149 eran hombres (51 %) y 57 mujeres (19 %).
Las cifras mantienen tendencia al alza; en el primer semestre de 2022, hasta junio, se documentó el rescate de 154 venezolanas, entre ellas 20 menores. Las detenciones alcanzaron los 70, donde se incluyen a 34 personas de nacionalidad venezolana.
No obstante, las cifras presentadas solo encarnan una pequeña muestra, ya que las dinámicas de la trata se caracterizan por el subregistro: «Por cada víctima identificada, hay 20 sin identificar», establece la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito.
Arco Minero
Un particular que cabe resaltar es el caso del estado Bolívar, Venezuela, región en la que, a raíz del establecimiento del Arco Minero del Orinoco, se desencadenaron políticas económicas y sociales en torno a las minas, lo cual ha promovido el aumento de casos de violencia sexual, física, trata de personas y prostitución forzada.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en alusión, aseveró que 74 % de las víctimas de explotación laboral y sexual en el estado Bolívar para 2021 eran mujeres, de las cuales 25 % lo constituían niñas y adolescentes.
Sumado a las del estado con Brasil y Guyana, Bolívar no solo es zona de ejecución, sino en una región de paso.
De hecho, el reciente informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) documentó cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local.
Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales, y, la violencia sexual y de género.
La Misión indica que las autoridades no han adoptado medidas para prevenir o reprimir los abusos e incluso sugieren que, basados en la información que han recibido, existe una connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes de Bolívar.
«Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», declaró en un comunicado de prensa Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
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