Mientras el tablero energético global vuelve a posicionar a Venezuela como un actor estratégico, una sombra de impagos y opacidad financiera amenaza con desmantelar el tejido empresarial nacional. Lo que inició como una alianza de «ganar-ganar» se ha convertido, según denuncias del sector, en un esquema de «peajes» financieros y corrupción institucionalizada liderado por los gigantes asiáticos China National Petroleum Corporation (CNPC) y su filial, China Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC).
Obras abandonadas en Jose y Morichal
El ambicioso Proyecto de Expansión de Petrolera Sinovensa, concebido para catapultar la producción de 105.000 a 165.000 barriles diarios, hoy es poco más que un esqueleto industrial.
Fuentes del sector confirman que HQCEC ha dejado una estela de proyectos inconclusos en el Complejo Criogénico de Jose (Anzoátegui) y en Morichal (Monagas). Sin embargo, el colapso no es solo de infraestructura.
El daño patrimonial es devastador. Desde 2018, la corporación china mantiene una deuda acumulada con más de 200 contratistas venezolanas. Estas empresas, que financiaron con capital propio la operatividad de los proyectos estatales, se encuentran hoy al borde de la quiebra técnica.
La denuncia trasciende el ámbito comercial para entrar en el terreno penal. Rosario Previte, presidente de Spc Servicios Nacionales C.A., describe un calvario de casi una década para intentar cobrar facturas legítimas.
El obstáculo principal: un presunto sistema de intermediación forzosa.
«HQCEC ha propuesto liquidar los fondos a través de supuestas ‘empresas chinas aliadas’. Al investigar, descubrimos que estas firmas están dirigidas por ex-empleados de las mismas corporaciones chinas», explica Previte.
Empresas aliadas
Bajo este esquema, las empresas «aliadas» exigirían porcentajes operativos tan elevados que confiscan la utilidad de las contratistas locales, ya castigadas por la hiperinflación.
Para los afectados, esto no es más que una fachada para el desvío de fondos públicos hacía cuentas particulares bajo la figura de comisiones.
El comportamiento de los gigantes chinos choca frontalmente con la nueva dinámica de la industria en Venezuela.
Mientras corporaciones como Chevron y diversos grupos europeos renegocian su participación bajo estándares internacionales de compliance y transparencia, la estrategia china parece orientada a la extracción unilateral.
Reportes indican que Beijing ha impuesto descuentos de hasta 20 dólares por barril por debajo del precio de mercado.
A excepción del caso de la empresa Rafay C.A., que logró soluciones mediante litigio, el resto del gremio permanece atrapado en un vacío legal que afecta el sustento de miles de familias.
La recuperación de la industria petrolera nacional es inviable si se construye sobre las ruinas de sus propios proveedores. La exigencia del sector privado es contundente: intervención inmediata de las autoridades venezolanas.
El temor es que los socios asiáticos completen una retirada silenciosa, dejando tras de sí un cementerio de obras y una deuda impagable que termine de sepultar al empresariado local.
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