La represión en las protestas de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido «brutal», según Human Rights Watch (HRW), organización que ha recibido «reportes creíbles» de 24 asesinatos y que ha podido verificar de forma independiente once de ellos.
Así lo aseguró la organización de derechos humanos en un documento publicado este martes en Bogotá en el que aseguró que le entregaron «reportes creíbles sobre 24 asesinatos» en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El organismo defensor de derechos humanos dijo que recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales.
En ese sentido aseguró que documentó «de forma independiente» 11 de estos casos para lo cual revisó actas de defunción, verificó videos y fotografías y además entrevistó 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales.
«Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno», aseguró.
HRW puntualizó que para hacer esas documentaciones «analizó y verificó 39 videos y dos fotografías» de las protestas encontrados en diversas redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales.
Los investigadores de HRW confirmaron los «lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos».
También consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.
Violaciones generalizadas
De acuerdo con las autoridades de Venezuela, más de 2.400 personas han sido detenidas en las protestas, mientras que el Foro Penal, una ONG que da asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, registró más de 1.580 «presos políticos», detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes.
En ese tópico, dice HRW, los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como «incitación al odio», «resistencia a la autoridad» y «terrorismo».
Además, HRW aseguró que las autoridades venezolanas violan los derechos humanos de manifestantes, transeúntes y líderes de la oposición luego de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la victoria a Nicolás Maduro, pero la oposición reclama el triunfo.
«La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal», afirmó la directora de la División de las Américas de HRW, sobre las protestas llevadas a cabo sobre todo por la oposición en contra de dicho resultado electoral.
HRW documentó que en Venezuela las autoridades y los ‘colectivos’, civiles armados partidarios del Ejecutivo «han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno».
Cadena de desafueros
Este lunes un juez ordenó capturar al candidato opositor Edmundo González tras haber sido acusado por la Fiscalía venezolana de «instigación a la desobediencia» y «conspiración», entre otros delitos.
El organismo defensor de derechos humanos recordó que pese a que el gobierno cometió «irregularidades y violaciones de derechos humanos», incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias y restricciones al voto de los venezolanos en el exterior, un gran número de venezolanos votaron en esa jornada electoral.
Apenas unas horas después del cierre de las urnas, el CNE declaró a Maduro vencedor con más del 51 % de los votos pero HRW recordó que ese organismo controlado por el chavismo «no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones».
En ese sentido, dijo HRW, expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso careció de «transparencia e integridad» y cuestionaron el resultado declarado y, en cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición «son fiables».
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