Puerto Ordaz.-La abogado Liza De Sousa, coordinadora regional de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar afirmó que se violan reiteradamente los Derechos Humanos.
Expresó que en un Estado de Derecho y de justicia, como así se afirma que está Venezuela; el ejercicio de algunos derechos humanos puede verse sometido a limitaciones en situaciones excepcionales, sin menoscabo de su integralidad y con carácter únicamente temporal y nunca sujetos a suspensiones; sólo para atender y resolver el hecho que motiva dicha excepcionalidad.
Con ello no significa que la limitaciones establecidas se traduzcan en violación absoluta de dichos derechos, ya que en todo Estado Democrático los gobernantes deben proceder con estricto apego al ejercicio efectivo de la Democracia participativa, incluidas todas y cada una de sus instituciones. “No hay pretexto válido para violar derechos humanos”, sentenció.
Con respecto al estado Bolívar, señaló que es público y notorio que con anterioridad a la llegada de la pandemia COVID 19, ya la región se encontraba inmersa en un caos institucional que trajo como consecuencia una grave crisis humanitaria, materializada entre otras razones por erradas políticas en las diversas áreas, que instaló en materia económica una devaluación desproporcionada, acompañada de una hiperinflación que provocó una dolarización de facto, suprimiendo todos los efectos económicos del cono monetario vigente.
Aunado a ello, De Souza manifestó que en todo el estado Bolívar se padece por causa del colapso generalizado de los servicios públicos, tales como el servicio eléctrico, suministro de agua potable, el gas doméstico y ahora con más gravedad el de la Salud, evidenciado éste, por una marcada ausencia de equipos e insumos médicos que puedan permitirle al personal médico hacerle frente a la pandemia.
Control del combustible
En cuanto al tema de la gasolina, indicó que se impuso, al igual que a otros estados fronterizos del país, la supresión del suministro de gasolina para los ciudadanos de a pie para supuestamente priorizar el suministro para los servicios básicos.
“Para ello, se ha venido implementando de manera sistemática, sostenida y permanente una campaña de terror por parte de los órganos de seguridad del Estado tendente a amedrentar a todo aquel ciudadano que se aventure a exigir su derecho a obtener el combustible que le permita cubrir su rutina diaria”.
La coordinadora regional de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Encuentro Ciudadano denunció que dicha acción es un hecho grave y preocupante, llegándose al punto de que colocar el combustible se traduce en una misión imposible y a quien pretenda intentar la obtención de éste, se le señala incurso en actos temerarios y por consecuencia es perseguido y detenido cual delincuente común, obligando al ciudadano a volver al confinamiento obligatorio en su hogar.
“En el estado Bolívar hay antecedentes en la materia, hay que recordar que las dos últimas personas que han ocupado el cargo de gobernador han sido sancionadas por la comunidad internacional por violación de derechos humanos”.
Por tal motivo, la abogada informó que desde Encuentro Ciudadano Bolívar se documentarán todas las violaciones de Derechos Humanos para enviarle sendos informes a la Vicepresidenta Comité DD.HH. de la Unión Interparlamentaria, diputada Delsa Solórzano y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet quienes han denunciado reiteradamente la sistemática violación de estos derechos por parte del Estado venezolano.
Agencia
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