Ciudad Guayana. La celebración del Día Internacional de los Parques, van de la mano, con la actualidad que vive nuestro país, en ese sistema ecológico de primer nivel en el mundo entero, cuyo equilibrio es tan importante, como la vida misma.

Ya un especializado informe técnico, realizado por la Universidad Simón Bolívar y presentado por la diputada y presidenta de Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), María Gabriela Hernández, había precisado que un derrame de petróleo en el Parque Nacional de Morrocoy, estado Falcón, el pasado mes de julio,  se contraponía ante la inobservancia del mismo gobierno nacional.

Relató la ponencia que el referido derrame, fue causado por un accidente en la refinería «El Palito» -gestionada por el Gobierno Nacional- en lo que definió que fue producida «debido a la inoperancia, impericia e inobservancia por parte de las autoridades de Pdvsa».

Este derramen se produjo del 19 y el 22 de julio, lo que entonces equivaldría a unos 26.730 barriles de petróleo.

El informe ha propuesto por carga directa, que desde que se detectó este suceso ecológico, haya producido que tanto las ONG, como activistas y diputados del Parlamento alertaran del riesgo ambiental que enfrentaron por este hecho, las costas de los céntricos estados de Carabobo y Falcón a consecuencia del accidente.

En su momento, María Gabriela Hernández estableció que la investigación efectuada «contenía imágenes aéreas que evidencian que no hay indicios de contención de lo derramado ni cercano a la refinería ni tampoco en las costas», labores que corresponden al Gobierno Nacional.

De hecho además el informe ha dado a conocer, que trabajadores de la zona «son intimidados para evitar que emitan opinión, difundan vídeos o información sobre lo que ocurre en las áreas naturales perjudicadas» por el presidente del Instituto Nacional de Parques, Josué Lorca, quien, a su vez, recibe, según la diputada, directrices del Ministerio de Ecosocialismo para ocultar el desastre.

También ya había asomado Julia Álvarez, integrante de la Sociedad Venezolana de Ecología, al referir que este derrame «tiene efectos inmediatos a corto, mediano y largo plazo a través de estudios científicos, y se pronostica que las consecuencias negativas sobre el ecosistema y sus componentes naturales, puede afectar hasta 50 años o más».

En tanto que la Fundación Azul Ambientalistas había precisado que la mancha es de aproximadamente 260 kilómetros, y que además ha afectado a las playas de Carabobo y el Parque Nacional Morrocoy en Falcón, uno de los balnearios más populares del país, parque del entorno de Parques Nacionales que posee Venezuela.

«Estamos muy preocupados por la afectación que esto va a traer a los manglares y a los corales que estaban en una época reproductiva, (porque) cualquier cambio en el ambiente, en el agua, los afecta muchísimo», dijo a la agencia Efe de noticias, la directora de la organización, Victoria González.

Cabe destacar que en Venezuela,  en total hay 44 parques nacionales y 36 monumentos naturales, que equivalen al 21,76% del territorio venezolano, y están bajo la administración del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES).

El daño ecológico no sólo no pasa por los propios parques, sino que los manglares en Morrocoy, funcionan como «colonias marinas» en las que muchas especies acuden a desovar, y que su contaminación afectará el número de peces en estas aguas, que ya sufrían por la intensa actividad turística.

Tras el suceso ecológico producido, la respuesta gubernamental, del que no ofreció mayores detalles, aunque el presidente del Instituto Nacional de Parques, Josué Lorca, había señalado que se había eliminado el 90 % del petróleo vertido gracias al trabajo de 1.200 voluntarios y que se investigaba el origen del accidente, algo que negó la oposición y los activistas.

Además, según explicó a Efe la directora de Azul Ambientalistas, «el problema es que cuando hay un derrame petrolero, una simple limpieza no basta, porque siguen llegando (a las costas) hidrocarburos en forma de alquitrán».

Entre otros perjuicios evidenciados, al ser analizados, se toma en consideración la versión dada a conocer por parte del activista ambiental Samuel Cabrera, que ha estado documentado la afectación en el estado de Carabobo, quien dijo a la agencia Efe noticias,  que le preocupaba una caída en la pesca por causa de la contaminación, puesto que esta actividad es la base del sustento de muchas familias en la región.

También denunció que, además del derrame en la Refinería El Palito, un buque que navegó las aguas del estado vertió una sustancia oleaginosa que aún se encuentra en las playas de Puerto Cabello, un municipio que alberga unos de los mayores puertos del país.

El activista también criticó los escasos esfuerzos de PDVSA por atender el derrame, que dijo son insuficientes y están alejados del protocolo considerado correcto a nivel internacional.

«Limpiaron la playa con unas palas y con escobas, movieron la arena negra y la dejaron en la zona de la carretera», señaló advirtiendo que aún resta mucho crudo que retirar y que no apreció barreras para contenerlo.

PDVSA, que enfrenta el peor momento de su historia con múltiples investigaciones por corrupción y una marcada caída de la producción, tampoco ha ofrecido explicaciones del suceso.

Cabe recordar que los parques nacionales de Venezuela son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la alteración por la explotación o la ocupación humana en Venezuela. Constituyen paisajes donde existen especies de plantas y animales o habitas de interés biológico, educativo y paisajista.

En estas zonas se permite la realización de actividades recreativas, turísticas y educativas, así como la investigación científica.

Por tamaño, 18 parques nacionales tienen más de 1.000 km²; 15 superan los 2.000 km²; 5 pasan de 5.000 km² y 3 tienen más de 10.000 km².

Los mayores parques de toda Venezuela están en la Guayana, y parque nacional El Caura con 75.000 km², el parque nacional Parima-Tapirapeco, con 39.000 km² y el parque nacional Canaima, con 30.000 km².

Los más pequeños son el parque nacional Cueva de la Quebrada del Toro, en Falcón, con 48,85 km², y el parque nacional Cerro El Copey – Jóvito Villalba, en Nueva Esparta, con 71,30 km².

Los parques nacionales de Venezuela son áreas y territorios que albergan ecosistemas que deben protegerse de la alteración por la explotación o la ocupación humana en Venezuela.

Constituyen paisajes donde existen especies de plantas y animales o hábitats de interés biológico, educativo y paisajista. En estas zonas se permite la realización de actividades recreativas, turísticas y educativas, así como la investigación científica.

Minería contraproducente

En otro apartado que desfavorece el ecosistema de los parques nacionales venezolano, tiene que ver con la minería, territorio y opciones societales alternas, que es analizado por el señor Juan Carlos La Rosa Velazco, en entrevista que le hiciera el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, a través de Francisco Javier Velasco.

En la cita se abordan problemas y alternativas asociadas a los impactos sociales y territoriales de la minería y el extractivismo en la Venezuela del presente, particularmente en los ámbitos de vida de los pueblos indígenas, y sus relaciones con el contorno ecológico, cuya fortaleza básica, los parques nacionales, en tocada con pleno aplomo.

Juan Carlos La Rosa Velazco, miembro de la Organización indígena intercultural Wainjirawa, comunicador y educador popular, ahora coordinador del Consejo Editorial de laguarura.org, un proyecto que evoluciona de un esquema de alianzas hacia algo que parece vital para para enlazar el tejido que es contar historias.

“Venezuela siempre fue un país extractivista y siempre hubo quienes nos opusimos al extractivismo como modelo y había varias maneras de oponerse. Con unas, podíamos tener un discurso anti extractivista, y con otras, una necesidad de construir alternativas. Y eso siempre fue bueno, ya con cuestionar era bueno, pero además construir alternativas, que se construyeron, fue bueno…”

Recuerda que en Venezuela hubo dos períodos de sobre ingresos petroleros. El primero fue en el primer período de Carlos Andrés Pérez, y el segundo en el largo período de Hugo Chávez Frías.

Estos sobre ingresos ahogaron la posibilidad de que la construcción de alternativas se expandiera y se convirtiera en algo que generará socialmente entusiasmo y una cultura, porque el sobre ingreso llegó a unos niveles de perversión del gasto en ambos gobiernos, el de Pérez y el de Chávez, una manera de distribuir basada en ingresos inorgánicos, no asociados a la capacidad social, que fue dispendiosa. Y ese dispendio pervirtió el alma nacional…”

Lógicamente en ambos casos, el deterioro marcado por estas acciones en los propios parques nacionales, establecen un daño lógico de suponer, por las primarias condiciones en las que se “ataca” la minería de extracción, que termina estableciendo un daño irreversible que asumir, y con ellos las cuencas de los ríos, sus cauces y sus caudales, sin ningún tipo de protección.

Más adelante en esa larga entrevista, Juan Carlos La Rosa Velazco señaló que “la historia de la resistencia configura una resistencia al extractivismo desde que fuimos invadidos y siempre es bueno recordarlo. Lo que nosotros defendíamos en la génesis histórica de esas invasiones eran nuestras soberanías; es decir, este país no se llamaba Venezuela, este país eran muchos países, muchas naciones peleando unas más juntas qué otras, unas muy separadas, una configuración de relaciones entre naciones a veces difíciles. Los conquistadores tal vez aprovecharon las debilidades para consolidar la colonización. Venezuela es un proyecto colonial, la segunda cosa es que siempre fue extractivista nunca hubo otro plan…”

Encaja en el perfil de esta ponencia, el tema del conocido  plan minero, “del que establecen que nos sorprende porque esperando que la palabra con que se anuncia, incluso en la agresión en contra de nosotros, se cumpla, se nos dijo que iba a haber  una enorme presencia corporativa en el territorio, que íbamos a tener grandes corporaciones instaladas en el territorio y esperábamos grandes empresas sembradas en el territorio. De esas empresas esperábamos violencia y veíamos todas las posibilidades de esa violencia, pero si vemos lo que ha sucedido en el despliegue del Arco Minero del sur, por ejemplo, y en pleno despliegue en la Guajira, nos damos cuenta que no han llegado las empresas, no están, ausencia total, un cartelito aquí, en chino, uno por allá en ruso otra por allá en inglés, pero no están…”

En base a estas exposiciones, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, en un articulado de mucho contenido, estableció el pasado 19 de agosto, lo que calificó como “la situación de la minería en Venezuela en tiempos de COVID-19”.

La entrada marca pauta, sin lugar a dudas. Se trata de conocer un marco general del desarrollo de la minería, en la que establece que “Venezuela atraviesa actualmente la peor crisis de su historia, y una de las peores de América Latina. El dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado, junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional..”

En el trabajo presentado, se indica que “el Gobierno de Maduro se refugia en la minería como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’.

Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional.

Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’, que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros)…”

El estado de impunidad y violación de derechos humanos (y de la naturaleza, en este caso bien particular, se intensifica ahora durante la pandemia del COVID-19, y habita la dinámica social del cotidiano, haciendo parte de los conflictos socio-ambientales que se derivan de la minería.

El entorno se hace cada vez más hostil para la población, mientras que los emprendimientos mineros y las minas mantienen de una u otra forma operación. Esto hace de los territorios básicamente enclaves de extracción donde, además de los recursos obtenidos, todo lo demás va perdiendo valor, siendo además que la salud se va precarizando aún más.

Esto es así especialmente para poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas y las mujeres en los territorios, siendo que esta minería caracterizada por su nomenclatura criminal, agrava su situación.

Del mismo modo, la profunda crisis sociopolítica y económica que precedía la pandemia también se ve afectada con la persistencia de los factores que la provocaron. Las re-existencias diversas, aun en contextos precarizados, siguen denunciando y activando mecanismos que les permitan visibilizar las afectaciones de diversa índole.

Todo estos factores, elevan siempre al grado de alerta, el presente y futuro de los parques nacionales en nuestro país.

Un horizonte que debe ser mejorado, sin lugar a dudas, para el bien colectivo de todo nuestro país.

Redacción SNPD/Romafor