Un grupo de familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos en Venezuela exigió este martes a las autoridades la atención médica urgente para noventa detenidos que presentan «patologías graves» y cuyas vidas «están en riesgo».
Alrededor de treinta personas se concentraron frente al Ministerio Público (MP) en Caracas, entre ellos Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, arrestado en Rodeo I, estado Miranda.
Ávila denunció que, pese a denuncias anteriores, los presos con enfermedades graves, como cáncer y afecciones cardiovasculares y neurológicas, «todavía no han sido atendidos,» lo que genera temor por posibles fallecimientos bajo custodia estatal.
“Queremos evitar que más familias sufran pérdidas por el descuido en la salud de nuestros seres queridos”, agregó Ávila. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), desde 2014 ha habido veinte muertes bajo custodia oficial, cinco de ellas desde noviembre pasado.
En el centro penitenciario Rodeo I, donde actualmente están cuatro personas aisladas, incluyendo a Rivas, la activista denunció condiciones precarias de alimentación y agua, así como prohibiciones para el ingreso de visitas, medicinas y paquetería. Rivas presenta una persistente diarrea, sin el tratamiento adecuado.
Ávila también señaló que cerca de 140 familias están buscando a sus familiares detenidos en distintos centros y no reciben respuestas oficiales, por lo que pidieron el fin de las «desapariciones forzadas». Denunció además que a veces en el Palacio de Justicia proporcionan ubicaciones falsas y, al acudir a los centros, niegan la presencia de los detenidos.
Presos políticos
Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020, afirmó que los familiares también son víctimas de ataques y acosos por su lucha por la liberación de los presos políticos. Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel —quien murió en prisión tras doce años detenido— exigió la revisión y liberación de sus familiares.
Luis Alberto Méndez, abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos, pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en los menores, a quienes calificó como inocentes. Méndez lamentó que su nieto, ya bachiller, esté desmoralizado y teme perder la universidad que consiguió para estudiar Ingeniería Civil.
El gobierno y la Fiscalía niegan la existencia de presos políticos en Venezuela, señalando que los detenidos cometieron delitos comunes, una versión rechazada por ONG y partidos opositores.
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