Fedecámaras reiteró su preocupación por la «contribución especial» de 9 % impuesta a las empresas con base en el total de pagos realizados a sus trabajadores, pues cree que se aumentará la presión fiscal con este mecanismo que busca alimentar un fondo manejado por el Gobierno para «proteger» las pensiones.
A través de un comunicado, la patronal advirtió que la aplicación de este gravamen —oficializado a través de una ley— «agrega mayor presión fiscal a las empresas venezolanas, que cumplen periódicamente con su obligación legal de pagar tributos», los cuales se han incrementado en los últimos meses.
«Entendemos la necesidad de que los ciudadanos disfruten de una vejez digna, con un ingreso que les permita solventar sus requerimientos básicos, ante lo cual reiteramos que este instrumento legal debe estar acompañado por una serie de incentivos para el sector empresarial», expresó.
La pensión, al igual que el salario mínimo, es de 3,5 dólares mensuales en Venezuela, donde una familia de cinco personas necesita 166 salarios mínimos al mes solo para cubrir gastos relacionados con alimentos, según cálculos de la ONG Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
Ley de Protección de las Pensiones
La Ley de Protección de las Pensiones la aprobaron el pasado 7 de mayo por la Asamblea Nacional (AN) y contemplaba, en principio, un aporte de hasta 15 % «del total de los pagos realizados a los trabajadores y trabajadoras por concepto de salario y bonificación de carácter no salarial».
Según la Gaceta Oficial de Venezuela, deberán declarar y pagar la contribución especial «las personas jurídicas así como sociedades de personas, «incluidas las irregulares» o «de carácter privado», domiciliadas o no en Venezuela, que «realicen actividades económicas en el territorio nacional».
Fedecámaras insistió en que el Gobierno tome en cuenta recomendaciones como la exoneración o exención del pago de la contribución para sectores prioritarios de la economía nacional (como salud y educación), así como para aquellas empresas que contemplen planes de jubilación para sus trabajadores.
El Gobierno ha dicho que esta nueva ley busca defender las pensiones frente a los efectos negativos de las sanciones internacionales que han aplicado al país en la última década.
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