Trabajadores de la región de Guayana y la directiva de Fetrabolívar ratificaron un pliego de peticiones para exigir la derogación del Instructivo Presidencial 2792, la reactivación de las contrataciones colectivas y sueldos dignos.
Representantes de gremios profesionales, organizaciones de técnicos, sindicatos de base y la directiva de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar (Fetrabolívar) realizaron una toma pacífica frente a la sede del Ministerio del Trabajo en Puerto Ordaz. Durante la jornada de protesta, la dirigencia laboral exigió la derogación inmediata del Instructivo Presidencial N° 2792, emitido en 2018 y la reactivación urgente de las mesas de negociación para los contratos colectivos.
La movilización sindical contó con la participación de destacados dirigentes de la región, entre ellos Fidel Brito, presidente de Fetrabolívar; Feliciano Guzmán, secretario general del organismo; Aída Moreno, presidenta de la Asociación de Jubilados de Ferrominera Orinoco; Albert Villarroel, en representación de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNEG (Atauneg); Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG (Apuneg); Maritza Moreno, por el Colegio de Enfermeras del estado Bolívar; César Soto, integrante del Movimiento Unidad en la Coincidencia; los asesores jurídicos Franklin Rojas y Jesús Lares; y Héctor Ferman, coordinador de la Casa de la Libertad.
Durante su intervención, Fidel Brito puntualizó que la acción de calle tuvo como objetivo principal ratificar el pliego de peticiones introducido formalmente ante la Inspectoría del Trabajo, sobre el cual aún no han recibido una respuesta oficial. Brito enfatizó que el Instructivo Presidencial 2792 vulnera flagrantemente los derechos adquiridos de los trabajadores, al aplanar los tabuladores salariales y suprimir de manera unilateral primas por antigüedad, profesionalización y méritos contractuales.
Salarios de inanición y desprotección a los pensionados
El presidente de Fetrabolívar calificó como «paupérrima» la situación socioeconómica de la clase obrera venezolana debido a los sueldos actuales, los cuales resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar. En este sentido, reiteró que la masa laboral exige remuneraciones acordes con el mandato constitucional, que garanticen una calidad de vida digna.
Asimismo, los voceros gremiales recalcaron que la negociación colectiva es un derecho protegido por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Denunciaron que la suspensión sistemática de las discusiones bilaterales entre patrono y empleados cercena el avance de las reivindicaciones laborales en las empresas básicas e instituciones públicas de la región Guayana.
Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado especial a favor de los jubilados y pensionados de las empresas del Estado y la administración pública. Exigieron un ajuste justo para quienes dedicaron décadas de servicio al país y hoy enfrentan la falta de cobertura de salud, la pérdida de beneficios socioeconómicos y pensiones que no cubren sus necesidades básicas de alimentación y medicina.
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