El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció este sábado la investigación de un supuesto «falso positivo» relacionado con el atentado que denunció el jueves la líder opositora María Corina Machado contra ella y su equipo.
En X, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que, según el testimonio de un presunto colaborador de Machado detenido en las últimas horas, se trataría de un «falso positivo difundido» por la exdiputada antichavista, quien, «sin mostrar prueba alguna, manifestó que los vehículos que utilizaba para trasladarse presuntamente ‘habían sido atacados'».
Sin embargo, la líder de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- mostró, en un vídeo publicado en redes sociales, la carrocería de los dos vehículos, vandalizada con pintura blanca, y explicó que uno de ellos tenía cortada «la manguera de frenos» y al otro le «vaciaron todo el aceite del motor».
Según Saab, el detenido, quien habría «sido contratado por dicha dirigente política, se encuentra declarando» en el estado Lara (noroeste) «las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la cantidad de dinero que le pagaron para fraguar ese hecho».
El fiscal agregó que se trataría de «un delito de simulación de hecho punible, difusión de mensajes que causan zozobra y pánico a la población y legitimación de capitales».
La exdiputada, quien había pernoctado en Barquisimeto -capital de Lara- a su regreso de un acto en la cercana región de Portuguesa, calificó este hecho como un «atentado» y responsabilizó al mandatario y candidato oficialista a las presidenciales del 28 de julio, Nicolás Maduro, de cualquier daño a su integridad física y a la de sus colaboradores.
El jueves, la PUD exigió a la Fiscalía una investigación «exhaustiva» de «este suceso tan grave» y «criminal» que -expresó- «amerita no solo el repudio» del país, sino también «la exigencia nacional e internacional» al cese del «miedo y la represión como herramienta electoral» por parte del oficialismo.
Por su parte, el candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, lo tachó como un acto de «cobardía» que atenta «contra el desarrollo del proceso» comicial, por lo que instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a actuar «frente a estos hechos».
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