El Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central (EMC), mayor disidencia de las FARC, culminaron el tercer ciclo de diálogos de paz con la firma de un acuerdo de compromisos en materia de participación social, temas socioambientales y transformación territorial, y anunciaron una cuarta ronda para marzo.
Así lo confirmaron las dos delegaciones en un comunicado mientras que el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, informó en una declaración que se celebrará un cuarto ciclo de diálogos en la primera semana de marzo, aunque sin especificar el lugar del encuentro.
El ciclo termina con «resultados positivos», en palabras del jefe negociador, ya que «se recibió el informe del mecanismo de verificación, muy importante (…) que nos ha permitido trazar una ruta para prevenir nuevos hechos y para instalar 22 mecanismos locales que le hagan seguimiento y ayuden a proteger a la población».
El EMC, entre otros, se comprometió a «la reducción de la violencia en todos los territorios donde hace presencia» y a suspender los secuestros con fines económicos.
«Queremos acelerar el ritmo de modo que en el próximo ciclo podamos decirle al país que estamos en un nuevo capítulo del camino para la construcción de una ruta de paz», subrayó González Posso.
Acuerdo entre Gobierno y la disidencia
Las partes firmaron el ‘Acuerdo V: Ruta para la participación social, agenda de la mesa de diálogo de paz, compromiso socioambiental, transformaciones territoriales y aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad».
En cuanto a la agenda, se definió que los temas a tratar serán «tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías hoy consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros».
También «se incorporó fuerte el tema ambiental, la cuestión amazónica», dijo González Posso, mientras que el documento recoge un compromiso de «reducir las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados».
Otro de los puntos del acuerdo es que «las partes contribuirán con los programas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, localización y entrega en coordinación con el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja)».
Por otro lado, se acordó crear unas «misiones de diálogo social» en zonas críticas del país, definidas en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Nariño y Cauca, que buscarán «escuchar a la gente en temas humanitarios y a buscar un acercamiento para que la participación ayude a construir el proceso de paz», explicó el jefe negociador del Gobierno.
Por último, se creará una comisión jurídica mixta para evaluar la situación legal, de seguridad y humanitaria de integrantes del EMC privados de la libertad, así como de aquellos con una situación jurídica por resolver.
Cese el fuego
Uno de los escollos más difíciles de superar en este ciclo fue la ampliación del cese el fuego bilateral que ambas partes habían pactado en octubre y acababa el 15 de enero. El domingo, in extremis, las partes anunciaron la prórroga de seis meses.
En esta tercera ronda, celebrada en Bogotá a puerta cerrada y sin acceso a la prensa desde que arrancó el pasado 9 de enero, las partes han mostrado optimismo por el avance del diálogo a pesar del historial de rifirrafes que acumularon durante el año pasado.
Tras varios retrasos en la instalación de la mesa de negociaciones y una vez logrado, en noviembre el EMC se levantó acusando al Gobierno de «incumplimiento total», un impasse que finalmente se superó aunque llegó acompañado de una reestructuración de la delegación de la guerrilla.
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